La Comisión de Constitución y Reglamento que preside la legisladora Úrsula Letona Pereyra (FP), durante la sesión del martes 31, recibió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza Ramírez, quien sustentó los alcances del Proyecto de Ley (Nº 1720) sobre conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Asimismo, Duberlí Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial, explicó la necesidad de modificar el Artículo 145 de la Constitución Política vigente a fin de ampliar su Presupuesto y Guido Ávila, titular del Consejo Nacional de la Magistratura, fundamentó los lineamientos de una reforma en esa institución.
El titular de Justicia sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura requiere de una nueva estructura. Se viene aplicando una reforma institucional con propuestas normativas, lucha contra la corrupción interna y externa y se trabaja para profundizar el acceso a la justicia en el país, recordando que se ha nombrado jueces con manejo de idiomas nativos. También la reforma contempla la selección, capacitación y formación de magistrados.
La propuesta de Justicia es que el CNM represente a los tres poderes del Estado con un miembro que sea el producto de un proceso de deliberación libre de presiones de orden político para dar paridad a sus integrantes.
La finalidad es equilibrar al CNM en la búsqueda de un mayor compromiso de parte del poder político en el mejoramiento y reforma judicial a partir de la designación de jueces y fiscales.
La legisladora Marisa Glave (Nuevo Perú) cuestionó el concurso público que se da actualmente para cubrir plazas vacantes de jueces supremos (Convocatoria Nº 006-2017) explicando que el Reglamento de Excepción implementado para este proceso habría permitido que los candidatos incumplan con requisitos de incompatibilidad que exige la carrera judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Mediante el reglamento se contraviene la Ley y se le sobrepasa, puntualizó.
Guido Avila explicó que el proyecto de reforma en el CNM se fundamenta en tres ejes, la conformación actual es plural posible, hay un representante por el Poder Judicial, por el Ministerio Público y otro por los abogados, constituyendo un triángulo de los protagonistas de todo proceso. Con un representante de las universidades Públicas y otro de las Universidades Privadas, está representada la academia y luego los representantes de los colegios profesionales no abogados, ese diagrama reconocido en varios países del mundo es reconocido como un organismo absolutamente despolitizado y autónomo.
El CNM alienta la reforma en los mecanismos de elección de dichos representantes, en ver a las personas que llegan a desempeñar tan importante institución por ello plantean una reforma horizontal, que la elección de todos sus miembros sea universal. Actualmente, de los siete miembros, solo el representante de los abogados cumple con este principio de universalidad.
La legisladora Yeny Vilcatoma sostuvo que la forma de nombrar a jueces y fiscales debe ser cambiada de manera radical. La elección debe ser universal, no se exige un perfil adecuado para ocupar tan importante cargo y el procedimiento para denunciar a un juez o fiscal es engorroso y lento. Por ello la legisladora pidió al titular del CNM informe cu{antos jueces y fiscales son sancionados del total de denunciados. Los fiscales y jueces deben conocer los casos que tratan a profundidad, se debe ir hacia la especialidad de estos. Que se formen equipos que evalúen las especialidades de las autoridades, propuso.
En nuestro país, donde se procesa y trafica con drogas, cuántos de los capos o cabezas de organizaciones cumplen carcelería, solo se llega a procesar a los burriers. Es hora de que el órgano de control de la institución deje de ser interno, subrayó.
Duberlí Rodriguez a su turno, explicó que propone modificar el Artículo 145 de la Constitución a fin de que el Presupuesto del Poder Judicial sea una cantidad no menor al 4% del Presupuesto General de la República, señalando que ello permitirá un respaldo económico que asegure una verdadera reforma, sostenida y efectiva para la administración de justicia.
El presupuesto que recibe el Poder Judicial resulta insuficiente porque no permite mejorar los servicios del Sistema de Justicia Penal, no permite la celeridad en los procesos judiciales de familia y menores, comerciales, tributarios ni aduaneros o laborales.
Estamos, sin embargo implementando los expedientes judiciales electrónicos y el sistema de sistemas de notificaciones electrónicas. Solamente contamos con tres mil 67 jueces a nivel nacional y no se dan abasto para atender el recargado volumen de expedientes acumulados Un mejor presupuesto permitirá afianzar las mencionadas reformas, afirmó.
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