No obstante, sí revela un patrón de contrataciones irregulares.
La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano aprobó por mayoría un informe final que concluye que no existen pruebas para confirmar la existencia de una red de prostitución dentro del Poder Legislativo. No obstante, el documento sí señala múltiples irregularidades en la contratación de personal, particularmente de mujeres.
El informe, aprobado con 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, es el resultado de la indagación sobre la denuncia que involucra a Jorge Torres Saravia, ex-jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Poder Legislativo, en una presunta red de prostitución parlamentaria, así como el caso de la trabajadora Andrea Vidal.
El documento es contundente al afirmar que, según lo investigado hasta la fecha, «no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución» y que «no se ha evidenciado la existencia de una red de prostitución en el Congreso».
Sin embargo, el informe es crítico al indicar que «se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro un contexto sensual y sexista».
La comisión también manifestó que su labor se vio restringida por la ausencia de facultades de investigación, lo cual afectó la posibilidad de obtener elementos probatorios suficientes para profundizar en diversas líneas de investigación, particularmente en lo que respecta a las ciudadanas Andrea Gil Gómez, Isabel Cajo y Alejandra Gil.
Respecto a la situación particular de la abogada asesinada Andrea Vidal Gómez, el informe señala que no se ha podido acreditar que ejerciera la prostitución. En este sentido, sugiere que el Ministerio Público, «investido de sus facultades coercitivas, podría investigar a fondo estos hechos», solicitando el levantamiento del secreto bancario, el secreto telefónico y otras pruebas. Por ello, el informe recomienda poner en conocimiento de dicha institución todos los actuados por este grupo de trabajo.
Otro Informe: Vacancia Presidencial por Cirugía No Informada
En otra línea de acción, la comisión parlamentaria también aprobó un informe final que recomienda evaluar la causal de vacancia por «incapacidad moral» contra la presidenta de la República. La razón es la supuesta omisión de información al Parlamento sobre una cirugía a la que se sometió en junio de 2023.
El documento recaba un «alto grado de certeza» de que la jefa de Estado se sometió a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2023. Esto, según el informe, comprometió la continuidad del mando presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencia nacional y la conducción general de la política del Estado.
