La fiscal suprema provisional y representante del Ministerio Público ante el tribunal electoral dejará la función pública el próximo 10 de diciembre tras cumplir 70 años.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, oficializó el cese por límite de edad de la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina, quien se desempeña como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La medida fue formalizada mediante la Resolución 3509-2026-MP-FN, publicada este viernes 6 de noviembre en el diario oficial El Peruano, al determinarse que la magistrada alcanzará el límite legal de 70 años para el ejercicio de la función pública el próximo 10 de diciembre.
La disposición administrativa establece la conclusión de sus funciones a partir de la referida fecha, agradeciendo los servicios prestados a la institución. Asimismo, el documento dispone notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para la cancelación del título correspondiente.
Maisch Molina asumió la representación ante el pleno del JNE en diciembre de 2023 en reemplazo de Delia Espinoza. Tras su salida, la representación correspondería al fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay Castillo, salvo que la Junta de Fiscales Supremos designe a un titular entre sus miembros, nómina que incluye a Patricia Benavides, Juan Carlos Villena, Víctor Rodríguez Monteza y Luis Arce Córdova.
Desempeño jurisdiccional y denuncias interpuestas ante la JNJ y el CAL
Durante su permanencia en el órgano electoral, las decisiones de Maisch Molina se mantuvieron bajo el marco de la función jurisdiccional, aunque algunos fallos suscitaron cuestionamientos de sectores civiles. El caso de mayor exposición mediática ocurrió el 4 de setiembre, cuando respaldó la decisión de rechazar por extemporaneidad la tacha presentada contra la candidatura a regidor de Rafael López Aliaga por Renovación Popular, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo constitucional de la reelección inmediata. Dicha posición fue compartida por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y los magistrados Rubén Torres y Aarón Oyarce, registrándose el voto en discordia del magistrado Gunther Gonzales Barrón.
A raíz de este fallo, la asociación civil Iniciativa Democrática presentó una denuncia disciplinaria ante la JNJ solicitando la destitución y suspensión provisional de Burneo y Maisch por presunta falta grave al omitir la evaluación del aspecto constitucional.
En paralelo, la misma organización formuló una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) contra los cuatro magistrados del voto en mayoría, imputándoles infracciones al Código de Ética del Abogado y solicitando su suspensión de la colegiatura. El caso reavivó el debate sobre la falta de criterios uniformes en los Jurados Electorales Especiales respecto a las candidaturas edilicias tras la renuncia del postulante original a la alcaldía.
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