La Comisión Permanente del Congreso de Perú ha concedido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para investigar y presentar informes finales sobre un total de ocho denuncias constitucionales. Esta decisión, adoptada conforme al Reglamento del Congreso, abarca tres denuncias declaradas procedentes en su totalidad y cinco que han sido consideradas procedentes en un aspecto específico.
Con votaciones mayoritarias, la subcomisión deberá investigar y rendir informe sobre los siguientes casos:
- Denuncia Constitucional 110 (antes 463): Interpuesta por el ex-congresista César Gonzales contra el ex-fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Se le imputan presuntas infracciones a la Constitución (artículos 93, 158, 159 y 201) y el delito de abuso de autoridad.
- Denuncia Constitucional 347: Presentada por la congresista Patricia Chirinos contra el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Las acusaciones incluyen supuestas infracciones a los artículos 38 y 39 de la Constitución, así como los delitos de grave perturbación de la tranquilidad pública, apología y conspiración para rebelión, sedición o motín.
- Denuncia Constitucional 327: Impulsada por el ciudadano Martín Parra contra el expresidente Pedro Castillo y el ex-ministro del Interior Alfonso Chávarry. Se les atribuyen presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica en agravio del Estado.
La Comisión Permanente también otorgó 15 días hábiles a la subcomisión para investigar y presentar informes finales sobre cinco denuncias constitucionales que fueron declaradas procedentes en un extremo, mientras que la parte improcedente fue archivada:
- Denuncia Constitucional 381: Interpuesta por la congresista Patricia Chirinos contra Imelda Tumialan (ex-presidenta de la JNJ), Aldo Vásquez (ex-vicepresidente de la JNJ), y los ex-miembros Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello. El aspecto investigado es la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal y posibles infracciones constitucionales a los artículos 38, 39 y 43.
- Denuncia Constitucional 386: También presentada por la congresista Patricia Chirinos contra Imelda Tumialan (ex-presidenta de la JNJ), y los ex-miembros Antonio de la Haza y María Zavala. El enfoque está en posibles infracciones a los artículos 38, 39 y 43 de la Constitución, además de los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
- Denuncia Constitucional 528: Presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra el ex-fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza. La parte admisible de la denuncia se centra en posibles infracciones a la Constitución (artículos 159.1, 159.4, 38, 103, 109 y 166), así como los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica y posible instigación al delito de usurpación de funciones.
- Denuncias Constitucionales 460, 462 y 463 (acumuladas): Presentadas por los congresistas Elías Varas, Margot Palacios, Juan Burgos y Bernardo Quito contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Se investigan posibles infracciones constitucionales (artículos 2.2, 38, 39 y 126) y la posible comisión de los delitos de colusión, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y tráfico de influencias.
- Denuncia Constitucional 440: Presentada por el congresista Luis Cordero Jon Tay contra el ex-fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Se investiga la presunta infracción constitucional de los artículos 139.3, 159.1 y 159.4 de la Constitución.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene ahora la tarea de realizar estas investigaciones en el plazo establecido y presentar sus hallazgos, lo que podría tener importantes implicaciones para los funcionarios y ex-funcionarios implicados.
