La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosío Torres Salinas (APP), dará trámite a un paquete de denuncias constitucionales que quedaron pendiente del anterior periodo parlamentario, entre ellas 124 denuncias ciudadanas, 46 de excongresistas, 27 de la Fiscalía de la Nación, 2 de ex fiscales supremos y 1 denuncia de un procurador.
“Como podemos ver hay una alta incidencia de denuncias de ciudadanos que no ha sido atendidas en el periodo parlamentario pasado, las mismas también que nos pondremos a procesar en la medida de nuestras posibilidades, aplicando también el criterio cronológico para la atención de las denuncias”, refirió la parlamentaria al presentar el Informe Situacional de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para el periodo anual de sesiones 2021-2022.
Informó que existen 200 denuncias constitucionales según el área de Trámite Documentario, y -según el área de Relatoría y Agenda- 9 de ellas están en el Consejo Directivo para ser consideradas por el Pleno del Congreso.
Agregó que también se encuentran en orden del día de la Comisión Permanente 6 denuncias, además se colige que 185 denuncias estarían en la Subcomisión en diferentes estados a efecto de que este colegiado se aboque al tratamiento de las mismas.
Antes, la congresista Torres Salinas declaró instalada la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2021-2022.
Afirmó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es un órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso, se encarga de calificar la admisibilidad y la procedencia de las denuncias constitucionales efectuando la investigación mediante el proceso de acusación constitucional.
Agregó que la subcomisión -en el marco de la función congresal de control político- coadyuva en la lucha contra la corrupción y la moralización, cautelando los bienes jurídicos protegidos, entre ellos una correcta administración pública
Por el lado del marco jurídico del trabajo parlamentario de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se suscribe en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que establece el procedimiento de acusación constitucional y el artículo 99 de nuestra Constitución que señala a los altos funcionarios del Estado contra quienes la Comisión Permanente puede acusar ante el Congreso.
“Nuestro órgano colegiado se evocará al conocimiento de denuncias constitucionales que se efectúen contra el presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, vocales supremos, fiscales supremos, miembros de la Junta Nacional de Justicia, defensor del Pueblo y contralor general de la Republica por infracción a la Constitución y/o por falta de delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en estas”, precisó.
Finalmente, con 12 votos a favor, aprobó su Plan de Trabajo y fijó que sus sesiones serán los viernes a las 11 de la mañana.
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