De acuerdo a un documento confidencial llegado al equipo de investigación de Peruinforma existen hechos muy cuestionables y sospechosos que rodean la desaparición de la Alférez FAP Ashley Vargas Mendoza, registrada el 20 de mayo de este año tras el accidente aéreo de un avión KT-1P en Pisco.
Una fuente anónima de la FAP indicó a nuestro equipo periodístico que posiblemente hay una conducta delictiva grave que puede configurar homicidio culposo, encubrimiento real, falsedad ideológica y obstrucción a la justicia en el caso de la joven Vargas Mendoza.
Nuestra fuente, que por seguridad no podemos revelar su nombre, denunció que desde el año 2024, personal técnico del EFOPI, SEMAG y DIGLO advirtió al Comando de Operaciones (COMOP) sobre el vencimiento del sistema de pirocartuchos del asiento de eyección MKPE-16 instalado en los KT-1P, sistema indispensable para la supervivencia del piloto ante una emergencia.
Asimismo, que el propio Comandante del ALAR6, General Muñoz Curto, presentó el informe solicitando la paralización inmediata de la flota. No obstante, dicho general posteriormente revocó su propia advertencia, aceptando una «extensión de vida útil» sin respaldo técnico válido del fabricante, decisión avalada por DIGLO, SEMAG y el propio Comando.
*Negativa a encontrar la aeronave*
Luego del accidente, los primeros reportes del personal de línea y pilotos indicaron que el sistema de eyección no habría funcionado, y se observó un patrón de desinformación institucional. El Comando designó como responsable de la operación de búsqueda al mismo General Muñoz Curto, quien había autorizado los vuelos con equipos vencidos. Bajo su dirección, se establecieron zonas de búsqueda sin criterio técnico real, según información interna, con el único propósito de demorar o impedir el hallazgo del avión y del cuerpo de la piloto.
Esta estrategia mientras no se encuentre el cuerpo de Ashley Vargas Mendoza, se tratará el caso como «desaparición», y no podrá configurarse penalmente un delito de homicidio culposo, sino en el mejor de los casos, omisión o negligencia, delitos de menor impacto y con plazos largos de prescripción.
*Falsedad informativa*
La Dirección de Información de la FAP comunicó que la Alférez salió sola en su aeronave, pero ocultó que lo hizo en formación con otra aeronave de la escuadrilla, cuyo piloto podría tener información directa de los hechos previos al accidente. Además, existen registros electrónicos y grabaciones de voz de las comunicaciones aéreas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público ni de los familiares, a pesar de que constituyen prueba esencial para esclarecer la verdad.
*Exigencia de justicia*
Nuestra fuente confidencial, indicó que es necesaria la intervención del Ministerio Público con un equipo multidisciplinario ajeno a la FAP para recabar pruebas técnicas, electrónicas y testimoniales. Así como la incautación de los registros de vuelo, grabaciones de torre, y comunicaciones internas.
Igualmente, la responsabilidad penal y administrativa de todos los que autorizaron la extensión irregular de los sistemas de eyección vencidos y que se tome declaración jurada a los otros pilotos que acompañaron en formación a la Alférez Vargas el día del accidente.
De la misma, forma exigen se sancione severamente cualquier intento de encubrimiento, manipulación documental o simulación de búsquedas inefectivas.
