El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, reconoció que la contratación de familiares directos por parte de congresistas, aunque no es ilegal, representa una “falta ética” que debe ser atendida.
Eduardo Salhuana confirmó el caso de la congresista Rosío Torres, quien tiene a su madre y a su hija trabajando en el Parlamento como personal de confianza.
“Son familiares directos”, indicó durante un foro económico en la Universidad de Lima.
Se trata de Cecilia Salazar Mattos y su hija, Alexandra Tafur Salazar, ambas militantes de Alianza para el Progreso (APP).
Respecto a los demás grupos familiares trabajando en el Congreso -al menos 30 parejas de hermanos, el titular del Parlamento señaló que ha solicitado un informe general sobre dichas contrataciones en el Congreso.
Eduardo Salhuana indicó que esperará los resultados del informe para determinar si se han vulnerado normas internas y, en función de ello, la Mesa Directiva decidirá si corresponde tomar medidas adicionales.
Destacó la importancia de considerar el impacto ético y la percepción ciudadana sobre la transparencia del Congreso, que actualmente enfrenta críticas por estas prácticas.
