Artículo de opinión
El Perú anunció su ingreso al Escudo de las Américas. Todavía nadie ha mostrado el documento que lo sustente.
¿Qué firmó exactamente el Perú el 10 de septiembre y quién responde hoy por ese compromiso? La pregunta no viene de la oposición. La hizo el Senado en pleno, por unanimidad y con 52 votos, a propuesta del propio presidente del Congreso, y el canciller Carlos Espá debe contestarla el 16 de septiembre. Cuando el Parlamento entero necesita que le expliquen a qué se incorporó el país, lo que falta no es entusiasmo diplomático, es papel.
Empecemos por donde empezó la presidenta. Keiko Fujimori recordó la cooperación antidrogas de los años noventa como precedente exitoso y la caída del cultivo de coca, de unas 120 mil hectáreas a cerca de 20 mil. El dato es real. También lo es el resto de la historia. El 20 de abril de 2001 la Fuerza Aérea derribó una avioneta civil sobre la Amazonía y murieron una misionera estadounidense y su hija de siete meses. Ese caso se recuerda, pero casi nadie recuerda que antes hubo catorce más. Fueron quince avionetas civiles derribadas entre 1995 y 2001 bajo un programa de interdicción operado con apoyo de inteligencia de la CIA, y cuando el informe del Inspector General de la agencia se desclasificó en noviembre de 2010, se supo que hubo violaciones de procedimiento en cada uno de esos derribos y que se ocultó información al Congreso estadounidense. El programa no se detuvo porque fallara. Se detuvo cuando las víctimas fueron estadounidenses.
Estados Unidos lo suspendió aquí y recién lo reanudó en Colombia en 2003, después de instalar salvaguardas escritas, recertificación anual y monitores de seguridad. No se trata de reprochar una cooperación que el país necesita, sino de recordar qué hizo falta para que volviera a ser aceptable.
El Escudo de las Américas, en cambio, no es un tratado, no tiene secretaría, órganos permanentes ni reglas publicadas. Es una declaración política. A cambio de sumarse, el Perú recibe dos aviones King Air 360ER por unos 35 millones de dólares, la previsión de otros 20 millones para el programa F-16 que todavía depende del Congreso estadounidense y cooperación reforzada con el FBI. Nada de eso está mal, salvo que todo avanza sin cronograma vinculante, sin protocolo público de verificación cruzada y sin informe periódico al Parlamento.
Queda un elemento que nadie quiere nombrar en voz alta. China concentró el 37% de nuestro comercio exterior en el primer trimestre del año y nos compró casi 11 mil millones de dólares, frente a menos de 3 mil millones de Estados Unidos. Eso no obliga al Perú a elegir, obliga a calcular. Alinearse en seguridad puede ser sensato. Hacerlo sin condiciones expresas, no.
Lo que corresponde exigir son tres cosas concretas y ninguna hostil: que se publique el texto del instrumento de adhesión, que todo intercambio de inteligencia con posible derivación operativa tenga un protocolo de verificación, y que el Ejecutivo informe al Senado con periodicidad fija sobre el alcance y los resultados. Nada de eso es desconfiar de Washington. Es la práctica normal entre socios que se respetan.
La lección no está en el Escudo sino en el modo en que decidimos. Seguimos confundiendo el anuncio con el acuerdo, la foto con el marco legal y la simpatía con la estrategia. El liderazgo que este momento pide no es el de la conferencia de prensa, es el del expediente ordenado.
Cuentas claras conservan amistades. También alianzas.
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