Finalmente el Poder Judicial decidió cambiar la medida de comparecencia restringida a prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por un plazo máximo de 18 meses.
El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado el pedido del Ministerio Público para variar la orden de comparecencia restringida que tenía Villarán, por el de prisión preventiva.
Sin embargo modificó el plazo propuesto por la Fiscalía de 36 meses y dispuso que la exalcaldesa cumpla prisión preventiva durante 18 meses.
El magistrado explicó que daba ese plazo menor debido a que la investigación fiscal contra Villarán estaba ya bastante adelantado.
«Existe un gran avance en esta investigación, pese a que nos encontramos en un marco de organización criminal. Estamos a dos meses de cumplir un año de investigación, (…) y ya se ha identificado el origen de los aportes ilícitos” señaló el juez.
Como se sabe Susana Villarán es investigada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Villarán habría recibido 10 millones de dólares de las empresas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria el 2013, es decir cuando era funcionaria pública, y a favor de la reelección el año 2014.
El juez Chávez Tamariz señaló que declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público debido a que existe peligro de fuga, riesgo de obstaculización de la investigación y graves elementos de convicción de la responsabilidad de la exburgomaestre en los hechos imputados. El magistrado consideró que el audio difundido en el programa Cuarto Poder evidencia que la exalcaldesa obtiene información de otros coinculpados, lo cual «viene a ser obstaculización al proceso penal en contra de cara a las investigaciones fiscales”.
Apenas se conoció la decisión del juez, la fiscal Ángela Zuloaga, declaró que el Ministerio Público apelará el fallo en lo concerniente al plazo, pues consideran necesario que la prisión preventiva sea de 36 meses.
“Es necesario acopiar y corroborar más información porque no todo el dinero habría ido para la campaña de la reelección, hay algo de ese dinero que se habría quedado entre los investigados», arguyó Zuluaga.
Por su parte el abogado de la exalcaldesa de Lima, Iván Paredes, dijo que presentarán una apelación al fallo en todos sus extremos por encontrarlo contradictorio.
Ahora el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá definir a que centro de reclusión será trasladada la ex alcaldesa de Lima. Entretanto Villarán permanece en la carceleta ubicada detrás del Ministerio Publico de la Av. Abancay lugar donde acudió su hermana portando una maleta de viaje.
El encarcelamiento de Villarán ha generado diversos comentarios, a favor y en contra e insólitos. Como el del vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino que se declaró en contra de la prisión preventiva de la exalcaldesa por considerarla un abuso (¿?) cuando -todos lo recordamos-, hasta pocos días decían que a Villarán la fiscalía no la tocaba ni con el pétalo de una denuncia.
¿Quo Vadis Perú?
Los continuos casos de corrupción política y económica que semana a semana se vienen conociendo podrían situar a nuestro país como un territorio lleno de corruptos. Y lo que es peor, los jóvenes hasta podrían pensar que la corrupción es algo normal.
Pero gran parte de culpa de que esto suceda recae en la población. “Roba pero hace obras” fue la frase que trajo de regreso a Luis Castañeda Lossio al sillón de la municipalidad de Lima.
Actualmente el ex alcalde de Lima tiene dos investigaciones en la fiscalía por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, entre otros, el Caso Lava Jato. Ambos casos, están relacionados a presuntos favorecimientos hechos a la constructora OAS referente al proyecto de la “Línea Amarilla”.
En primer lugar, la fiscalía sospecha que la administración de Castañeda se coludió con la firma brasileña para que esta última consiga a toda costa dicho proyecto de infraestructura vial. También está el caso de los peajes.
¿Quién detiene la corrupción en nuestro país?
La respuesta es obvia: nosotros. Nosotros con la fuerza de nuestros votos. No debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. El caso Villarán deja mucha gente decepcionada. Tampoco hay que confiar en la selección que hagan lo líderes de los partidos con sus candidatos. El caso Fuerza Popular nos releva de mayores comentarios. Y por supuesto tampoco confiar en la famosa e inútil “ventanilla única” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que no filtra nada.
Según el Portal del Poder Judicial, hasta el mes de diciembre del 2017 se había registrado que 27,020 funcionarios de municipalidades y gobernaciones habían sido denunciados. Hasta esa misma fecha, 15 gobernadores regionales estaban siendo procesados por casos de corrupción mientras otros 13 ex gobernadores regionales ya estaban sentenciados y/o procesados por delitos de corrupción.
El Callao es un caso emblemático. Casi todas las autoridades, gobernadores y alcaldes, fueron denunciados por actos de corrupción. Su cercanía a los tristemente famosos “Cuellos Blancos” del Callao los salvó archivando sus casos.
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