El miércoles 12 de este mes, el presidente Martín Vizcarra, restableció la inmovilización social (eufemismo de toque de queda) los domingos y prohibió las reuniones familiares debido a un rebrote del coronavirus que nos ponía como el país con la tercera cifra más alta de contagios en América Latina.
En su mensaje mandatario, habló de un relajo en la población para controlar el virus «Ahora el contagio proviene de las personas que conocemos: los familiares que nos vienen a visitar, de las reuniones familiares y sociales, de los amigos que se juntan para jugar un partido de fulbito o de una parrillada; estas situaciones son las que están generando este repunte de contagios señaló.
Fue como si hubiera hablado con la pared porque tres días después el Perú ocupaba el 2do. lugar en el mundo en tasa de mortalidad por COVID 19.
Durante la víspera y la madrugada del domingo cientos de personas en diversos puntos del país-, fueron intervenidas por organizar o participar en fiestas sociales o familiares. La mayoría mostraba síntomas de embriaguez.
¿Qué es lo que está sucediendo? Esas personas actúan como si habitaran en un mundo paralelo, un lugar donde o no existe el coronavirus o las leyes están hechas para violarlas. ¿Acaso es tán difícil darse cuenta que con su irresponsabilidad ponen en riesgo la salud y vidas de miles de personas, incluyendo a sus familiares?
Pero para llegar a esta terrible situación el gobierno también puso lo suyo. Durante meses estuvo ensayando diversas formulas supuestamente preventivas mientras ocultaba cifras sobre situación de infectados y fallecidos. Además inauguraba decenas de “hospitales temporales” y anunciaba –en medio de gran despliegue publicitario-, la compra de miles de respiradores mecánicos, como si con esas dos cosas se podría solucionar la pandemia.
¿Acaso el presidente Vizcarra no está enterado que en nuestro país solo hay 700 médicos intensivistas registrados, y alrededor de 2 000 enfermeras especializadas?
Estos especialistas son quienes libran una dura batalla por la vida de sus pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Se ha dicho que el éxito o fracaso de un país frente a la tasa de mortalidad por COVID-19 se decidirá en la disponibilidad de especialistas en las unidades de cuidados intensivos con ventiladores pulmonares mecánicos, esos equipos altamente necesarios cuando un paciente en estado crítico pierde la capacidad de respirar por sus propios medios.
El doctor Jesús Valverde,presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, en entrevista a un medio digital aseguró que el gobierno pecó de «exceso de confianza» al afirmar que el hospital de Ate era el mejor equipado para atender a los pacientes graves de COVID-19, olvidando la necesidad de ventiladores mecánicos y el recurso humano especializado para atender en las UCI.
Según el doctor Valverde pero hace falta el doble de personal intensivista, para cubrir todas las camas disponibles a nivel nacional.
Así las cosas, la responsabilidad del continuo incremento de infectados y fallecidos está compartida entre la población y el gobierno. No olvidemos que hasta la fecha el número de muertos es superior a los muertos que provocó el terrorismo.
¿Por qué hay tanta rebeldía e indiferencia?
Algunos dicen que Vizcarra es blandengue y que le falta energía y decisión para adoptar medidas radicales y los mayores agregan que los peruanos estamos acostumbrados a las medidas de fuerza, a los toques de queda con tanquetas patrullando la ciudad. “No hay otra manera” aseguran.
Los memoriosos recuerdan que la primera vez que los peruanos experimentaron un toque de queda fue en 1975, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. En aquel año miles de policías dejaron sin resguardo las calles de Lima como parte de una huelga institucional en la que rechazaban el nuevo régimen laboral impuesto por el gobierno de Velasco Alvarado y exigían un aumento salarial. Este desamparo policial provocó 86 personas muertas, 162 heridos y 1 012 detenidos. Aunque lo más alarmante fue el saqueo de 162 locales comerciales e incendiaran edificios emblemáticos como el de los diarios Correo y Ojo y el local del Circulo Militar ubicado en la Plaza San Martin.
En 1986, el entonces presidente Alan García Pérez declaró en estado emergencia, por 60 días, a Lima y el Callao, luego de que varias bombas explotaran cerca de Palacio de Gobierno y en algunas entidades bancarias. Días antes, habían sido atacados los locales del Partido Aprista Peruano y diversos restaurantes de la capital.
Por último, en 1992, Alberto Fujimori dio -mediante un mensaje televisado- un “autogolpe de Estado” en el que disolvió el Parlamento y asumió todos los poderes. La medida implicaba un “toque de queda” en todo el país y la persecución y detención de los políticos y figuras que estaban en contra del régimen.
No esperemos que esto vuelva a suceder.
Por: Octavio Huachani
