Más de cinco millones de hectáreas de bosques amazónicos se mantienen protegidos gracias al trabajo articulado entre la administración ambiental y las comunidades de la región.
La colaboración directa entre las entidades de conservación y las comunidades nativas ha logrado preservar aproximadamente cinco millones de hectáreas en las distintas reservas comunales del territorio, beneficiando a unos 53 mil habitantes locales. Este sistema de co-gestión, reconocido como un modelo de eficiencia a nivel global, articula la administración de los territorios ancestrales con el propósito de proteger la biodiversidad.
La consolidación de este logro es posible gracias a la acción mancomunada con los «guardianes ancestrales» del patrimonio natural, quienes están agrupados en más de 213 comunidades nativas. Este esquema de trabajo se fundamenta en el diálogo, la confianza y el respeto mutuo.
Recientemente, se ha avanzado en la implementación de proyectos que permitirán a las comunidades obtener ingresos a través de servicios ecosistémicos, como la conservación de carbono, la biodiversidad y los recursos hídricos. Este progreso se materializó con la firma de una adenda al contrato de administración de la Reserva Comunal Asháninka, permitiendo a la organización Ecoasháninka ejecutar dichos proyectos.
Estos avances se discutieron en el XII Encuentro Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración y Jefes de Reservas Comunales del Perú, donde se intercambiaron experiencias centradas en impulsar la economía sostenible en estas áreas, mejorar los procesos continuamente y consolidar las alianzas de conservación.
El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración del Perú (Anecap) y reunió a líderes de comunidades amazónicas, jefes de reservas comunales y al presidente de la Anecap, Fermín Chimatani Tayori. El objetivo central fue seguir impulsando la protección de los más de cinco millones de hectáreas de bosques que conforman las reservas comunales del país.
Las reservas comunales representan un sistema de conservación participativa que combina la administración con la gobernanza indígena. En la actualidad, estas áreas agrupan a más de 213 comunidades nativas asociadas a los Ejecutores de Contrato de Administración, abarcando a más de 53 mil personas de 25 pueblos indígenas en ocho regiones del país.
El mecanismo de co-gestión promueve activamente el desarrollo local, regional y nacional mediante el fomento de actividades económicas sostenibles. Esto incluye iniciativas como el ecoturismo comunitario y la agroforestería sostenible, las cuales aseguran el bienestar de las poblaciones indígenas y la protección del patrimonio natural.
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