Militares retirados exigen al Gobierno ignorar recomendaciones internacionales no vinculantes sobre el ex-presidente.
Agrupaciones de oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro expresaron su firme rechazo ante un eventual indulto o gracia presidencial en favor del encarcelado expresidente Pedro Castillo Terrones, instando al presidente interino José María Balcázar a respetar la autonomía del sistema de justicia y el orden constitucional.
En un pronunciamiento conjunto, las asociaciones Unión Naval, Unión Ejército y Unión Fuerza Aérea advirtieron que una medida de esta índole vulneraría la independencia de poderes, debilitaría la institucionalidad democrática del país y constituiría una interferencia política inadmisible frente a las decisiones emitidas por los fueros judiciales pertinentes.
Condena penal y cuestionamiento a fueros internacionales
Los colectivos militares retirados enfatizaron que el exmandatario cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión impuesta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema tras hallarlo culpable del delito de conspiración para la rebelión debido al intento de quiebre constitucional perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
Asimismo, cuestionaron severamente la posibilidad de que el Poder Ejecutivo tome en consideración el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para otorgar algún beneficio, precisando que los pronunciamientos de dicho mecanismo carecen de carácter vinculante y no representan una resolución oficial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el pronunciamiento se sostiene que el indulto y la gracia presidencial son facultades de naturaleza estrictamente excepcional y humanitaria, por lo que bajo ningún escenario deben instrumentalizarse como mecanismos de negociación política o de impunidad judicial.
Los oficiales en retiro concluyeron su exhortación exigiendo al mandatario José María Balcázar garantizar la plena independencia y respeto al Poder Judicial y al Ministerio Público, reafirmando que la defensa de la Constitución y la supremacía de la ley deben prevalecer por encima de cualquier coyuntura o cálculo del Ejecutivo.
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