El Congreso de la República de Perú ha presentado dos importantes proyectos de ley orientados a reforzar la seguridad ciudadana y económica frente a la creciente amenaza del sicariato y la extorsión.
La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) ha propuesto el Proyecto de Ley N° 11398/2024-CR. Su objetivo es crear un marco legal para proteger la identidad y seguridad de las personas que denuncian delitos de sicariato, extorsión y otros crímenes vinculados al crimen organizado.
¿Qué es un Denunciante Protegido? Se considera «denunciante protegido» a cualquier persona que proporcione información útil y verificable a las autoridades sobre la comisión o planificación de los delitos mencionados. La clave es que su identidad se mantendrá en secreto desde el momento de la denuncia, a menos que una autorización judicial excepcional y justificada ordene lo contrario. Esta confidencialidad busca evitar represalias.
¿Cómo Denunciar? Las denuncias se podrán realizar de dos maneras:
- Presencialmente: Acudiendo a las fiscalías o comisarías habilitadas.
- Digitalmente: A través de las plataformas en línea del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú.
Toda denuncia será evaluada y corroborada en un plazo de cinco días hábiles. Es importante señalar que las denuncias falsas o sin fundamento se registrarán confidencialmente. Si una misma persona realiza tres denuncias falsas en un año, perderá la condición de denunciante protegido.
Implementación: De aprobarse, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público tendrán un máximo de 60 días calendario para implementar esta normativa.
Por su parte, el congresista Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú) ha presentado el Proyecto de Ley N° 11366/2024-CR, enfocado en proteger a emprendedores y comerciantes de la extorsión.
¿De qué Trata la Iniciativa? Este proyecto busca ofrecer apoyo financiero y establecer sanciones penales más severas para salvaguardar a los emprendedores y comerciantes peruanos, tanto formales como informales, que son víctimas de extorsión, amenazas o violencia por parte de organizaciones criminales. El congresista Flores Ancachi ha destacado que la extorsión es una de las principales amenazas al desarrollo económico y la seguridad ciudadana, afectando directamente a los negocios y obstaculizando la inversión.
¿Cómo se Implementará?
- Unidad de Protección Empresarial (UPE): Se propone la creación de la UPE, adscrita al Ministerio del Interior, que brindará:
- Protección policial inmediata a comerciantes en riesgo.
- Un protocolo de respuesta rápida para casos de extorsión.
- Asesoría legal gratuita a empresarios afectados.
- Coordinación con las fuerzas de seguridad para desarticular redes de extorsión.
- Fondo Nacional de Seguridad Empresarial (FNSE): Administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, este fondo proporcionará:
- Préstamos sin intereses a empresarios que hayan sufrido pérdidas por extorsión.
- Subsidios parciales para la recuperación de negocios afectados por el crimen organizado.
- Incentivos para la instalación de sistemas de seguridad en zonas de alto riesgo.
Además, el proyecto endurece las penas para funcionarios públicos que colaboren con mafias extorsivas, sancionándolos con cadena perpetua por alta traición al Estado e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos o actividades privadas relacionadas con seguridad o comercio.
Vigencia: Si el proyecto de ley es aprobado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas tendrán un plazo máximo de 90 días para reglamentar la creación de la UPE y el FNSE. La ley entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Estos proyectos reflejan una preocupación por el impacto del crimen organizado en la sociedad y la economía peruana, buscando fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas.
