Rafael Muente, presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), aseguró que las empresas operadoras de telefonía móvil mantienen un «interés claro» en la continuidad de la venta de chips en la vía pública, una práctica prohibida que, según el regulador, favorece la delincuencia.
Muente sostuvo que al menos el 75 % del mercado de líneas prepago se desarrolla en la informalidad, lo que se ha convertido en un problema estructural que facilita las actividades de grupos criminales, especialmente la extorsión.
Evidencia de interés empresarial
La postura de Muente se relaciona directamente con declaraciones atribuidas a Humberto Chávez, gerente general de Claro, en un audio revelado por el medio La Contra. En la grabación, Chávez reconocería que «del 100 % de las ventas que se hacen de SIM Cards para prepago, más del 75 % se hacen por la venta ambulatoria, por la venta itinerante». Además, Chávez habría advertido que erradicar este canal de ventas, que representa la mayor parte de sus transacciones, sería «cortarnos las piernas», con la implicación de que «se acaba el mal, pero se acaba el operador».
El titular de Osiptel afirmó que esta problemática ha sido denunciada desde 2019, sin que se haya logrado erradicar, debido a que existe un «interés claro de las empresas en que las ventas en las calles sigan ocurriendo».
Ambigüedad en la postura de las operadoras
Muente señaló que la proliferación de líneas móviles sin una verificación de identidad adecuada representa un riesgo directo para la seguridad, ya que brinda a los criminales una herramienta clave para cometer delitos. Explicó que la ambigüedad de las operadoras se refleja en su accionar judicial: «Por un lado dicen ‘sí, queremos que se deje de vender los chips’, pero, por otro lado, siguen empujando judicialmente».
Las empresas de telefonía han presentado acciones de amparo y procesos contenciosos administrativos ante el Poder Judicial para impugnar las disposiciones regulatorias. Muente también hizo referencia a las debilidades en los mecanismos de verificación de identidad, que han «fallado» en el control efectivo del registro de usuarios.
Un marco normativo incompleto
El presidente de Osiptel mencionó que existen dos normas principales para combatir la venta informal de líneas, una que prohíbe la venta en la vía pública y otra que atribuye responsabilidad penal a los vendedores informales. Inicialmente, el Congreso de la República contempló la sanción penal para directivos de las operadoras, pero retiró dicha disposición antes de la aprobación final.
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