A partir del 1 de septiembre, entrará en vigencia la nueva escala remunerativa dirigida al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial (PJ) adscrito al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728.
La medida fue aprobada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, a partir de la propuesta tramitada por la Presidencia del Poder Judicial. El reajuste estructural fue oficializado mediante el Decreto Supremo N.º 162-2026-EF en el diario oficial El Peruano y se financiará íntegramente con cargo al presupuesto institucional de la entidad.
La nueva escala salarial establece los siguientes montos mensuales según el nivel de responsabilidad dentro de la institución:
Cargos Directivos: Directivo 3 (S/ 15 600), Directivo 2 (S/ 14 750) y Directivo 1 (S/ 11 860).
Cargos Profesionales: Profesional 3 (S/ 9 670), Profesional 2 (S/ 7 880) y Profesional 1 (S/ 6 620).
Cargos Técnicos y Auxiliares: Técnico 3 (S/ 5 660), Técnico 2 (S/ 5 020), Técnico 1 (S/ 4 580) y Auxiliar 1 (S/ 4 100).
Los nuevos montos consolidan e incorporan los incrementos acumulados a través de decretos supremos emitidos entre 2022 y 2025 registrados en el aplicativo del Sector Público. Asimismo, el marco legal ratifica el derecho de los servidores del régimen 728 a percibir las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, además de la bonificación por escolaridad.
Condiciones laborales, naturaleza pensionable y restricciones
La disposición precisa que el 40 % del monto total asignado en la escala está afecto a cargas sociales y tiene naturaleza pensionable. De igual manera, se establece una prohibición estricta para que el personal beneficiado perciba incentivos, bonificaciones o asignaciones adicionales a los fijados en la norma.
Quedan exceptuados de esta restricción los pagos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la asignación familiar y aquellos beneficios derivados de la Ley N.º 31188 de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. La concreción de este marco salarial responde a las gestiones impulsadas durante la administración de la judicatura ante el Ejecutivo y el Congreso.
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