La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, enfatizó que los módulos de flagrancia no constituyen un esfuerzo aislado ni una dependencia exclusiva de la judicatura, sino una estrategia articulada entre los diversos operadores de justicia.
La magistrada subrayó las gestiones continuas de su administración para asegurar los recursos presupuestales requeridos en materia de infraestructura, equipamiento tecnológico y asignación de personal especializado a fin de consolidar la eficacia de este modelo procesal inmediato.
En esa línea, la titular del Poder Judicial expresó su expectativa de que la jefa de Estado, Keiko Fujimori Higuchi, concrete el respaldo presupuestal al Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva. Esta asignación financiera resulta clave para operativizar las responsabilidades funcionales fijadas en la Ley N.° 32348, la cual distribuye tareas específicas entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública.
Estas declaraciones se brindaron durante la inauguración virtual de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Quillabamba, en la provincia de La Convención (Cusco), la sede número 39 implementada durante la presente gestión.
Tello Gilardi señaló que la elección de esta localidad responde a la necesidad de fortalecer la presencia del Estado ante el impacto de la minería ilegal, los delitos ambientales, el tráfico ilícito de drogas y la violencia de género, además de ilícitos de alto impacto como la extorsión capturados en flagrante delito.
Finalmente, la presidenta del Poder Judicial exhortó a las instituciones conformantes, en especial a la Fiscalía, a unificar criterios y evitar derivaciones a vías ordinarias cuando concurran los presupuestos de flagrancia evidenciados. Remarcó que la ley fija obligaciones vinculantes para todas las entidades y exige una respuesta oportuna para evitar la impunidad en delitos graves descubiertos en el acto.
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