El Jurado Nacional de Elecciones y las fuerzas del orden establecen restricciones administrativas para asegurar el desarrollo normal de los comicios.
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre, fecha en la que más de 26 millones de ciudadanos acudirán a las urnas entre las 07:00 y las 17:00 horas, según la programación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El proceso definirá a las autoridades regionales, provinciales y distritales para el periodo 2027-2030. A fin de asegurar la intangibilidad del proceso y la tranquilidad pública, el Estado peruano activará el conjunto de garantías electorales estipuladas en la Ley N.° 26859 (Ley Orgánica de Elecciones).
Entre las restricciones principales destaca la Ley Seca, estipulada en el artículo 351 del marco legal vigente, la cual prohíbe el expendio y suministro de bebidas alcohólicas desde las 08:00 horas del sábado 3 de octubre hasta las 08:00 horas del lunes 5 de octubre.
La restricción rige para comercios presenciales —bares, discotecas, licorerías, supermercados y bodegas— y servicios de reparto a domicilio. Su vulneración constituye delito sancionado con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses, multas administrativas superiores a los S/ 3390 (calculadas sobre el ingreso mínimo vital), clausura municipal e incautación de productos.
Asimismo, la normativa electoral suspende las reuniones de carácter político desde las 00:00 horas del viernes 2 de octubre y la difusión de propaganda proselitista en medios masivos, digitales o vía pública desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre, bajo sanciones penales de hasta dos años de cárcel. Por su parte, la Sucamec restringirá el porte de armas de fuego de uso civil desde 24 horas antes hasta 24 horas después del sufragio; la inobservancia acarreará la cancelación de la licencia, el decomiso del armamento y sanciones penales.
La fiscalización estará a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) del JNE, en coordinación con las Fiscalías de Prevención del Delito, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.
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