El material era utilizado para la perforación de pozos petroleros y fue decomisado por las autoridades tras ser acopiado sin las condiciones mínimas de seguridad.
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) decomisó 29 armas de fuego y aproximadamente 198 kilos de material explosivo durante una serie de intervenciones de fiscalización ejecutadas en las regiones de Ayacucho y Piura.
El despliegue se realizó tras detectar severas irregularidades en establecimientos dedicados al resguardo de armamento, así como el acopio clandestino de insumos utilizados para la perforación de pozos petroleros dentro de un inmueble no autorizado.
Estas acciones se enmarcan en la estrategia del Ministerio del Interior orientada a reforzar el control territorial, intensificar la supervisión administrativa y prevenir el desvío de este tipo de pertrechos hacia organizaciones criminales.
Desarme por licencias vencidas e infracciones en la vigilancia privada
En el distrito de San Juan Bautista, Ayacucho, los fiscalizadores decomisaron un lote de 23 armas de fuego (17 pistolas, cuatro revólveres y dos carabinas) perteneciente a un establecimiento cuya autorización legal se encontraba vencida y no garantizaba las condiciones exigidas para la custodia y almacenamiento seguro del armamento.
De igual manera, en la provincia de Paita, Piura, las autoridades retiraron cuatro escopetas y dos carabinas a una empresa de seguridad privada que prestaba servicios con armamento sin cumplir los requisitos normativos vigentes. El superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero, destacó que cada arma retirada de una condición irregular mitiga de forma directa el riesgo de que pueda ser utilizada en actos delictivos contra la ciudadanía.
Intervención de depósito clandestino con explosivos en Talara
En una operación conjunta entre la Sucamec, el Ministerio Público y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, se intervino una vivienda en el sector de Talara Alta, Piura, donde se hallaron 198 kilos de material explosivo trasvasado desde Loreto sin los permisos de traslado ni almacenamiento correspondientes.
Pese a que los insumos estaban destinados a la actividad de perforación petrolera, la ausencia de licencias y el grave peligro que implicaba su acopio en una zona no acondicionada motivaron su incautación inmediata para su custodia bajo estrictos protocolos de seguridad pública.
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