El Ministerio de Justicia de Francia informó que más de 5.000 menores de edad han sido detenidos en el marco de las masivas movilizaciones estudiantiles que sacuden al país desde mediados de septiembre. Las protestas, protagonizadas por decenas de miles de alumnos de secundaria, de entre 15 y 18 años, exigen mejoras en el sistema educativo frente a la escasez de docentes, infraestructuras deterioradas y cargas horarias excesivas.
Del total de más de 6.800 arrestos registrados a la fecha (de los cuales el 86 % corresponde a menores), 2.376 personas afrontan procesos judiciales, manteniéndose en prisión preventiva a seis menores y quince adultos.
Tensiones operativas y cuestionamientos por uso de la fuerza
A pesar de que la mayoría de los bloqueos en planteles se han desarrollado de forma pacífica, la escalada de violencia en focos específicos – que incluye la quema de mobiliario urbano y accesos a liceos, así como enfrentamientos con las fuerzas del orden – ha generado fuertes críticas.
Organismos de derechos humanos y partidos de oposición denuncian una desproporcionada represión policial, postura ante la cual la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación y exhortó al uso medido de la fuerza. Frente a este panorama, las autoridades francesas ordenaron suspender el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía, luego de que un manifestante menor de edad sufriera la mutilación de una mano tras el impacto de uno de estos dispositivos.
En respuesta a los reclamos del sector educativo, el gobierno anunció la contratación de 3.000 profesores sustitutos para cubrir la falta de personal docente en las aulas. No obstante, las federaciones de estudiantes y sindicatos consideraron la medida insuficiente y ratificaron la convocatoria a una nueva jornada de protesta nacional. Hasta la fecha, las manifestaciones han provocado la parálisis y cierre de aproximadamente 150 liceos en todo el territorio francés.
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