Magistrado Manuel Chuyo descarta peligro de fuga u obstaculización en el caso del ex titular de la ONPE.
El Poder Judicial desestimó la solicitud del Ministerio Público para dictar detención preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en relación con las deficiencias detectadas en los comicios del pasado 12 de abril. El abogado del ex-funcionario, Ricardo Sánchez, confirmó que el magistrado Manuel Chuyo Zavaleta declaró infundado el requerimiento al considerar que no se cumplen los presupuestos procesales necesarios para restringir la libertad del investigado.
Fundamentos de la decisión judicial
De acuerdo con el artículo 261 del Código Procesal Penal, una detención de esta naturaleza solo procede ante delitos con penas superiores a los cuatro años y cuando exista un riesgo acreditado de fuga u obstaculización de la justicia.
En el caso de Corvetto, el juez Chuyo determinó que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no demostraron que el investigado pretenda eludir la acción de la justicia o interferir con la búsqueda de la verdad, coincidiendo con críticas de especialistas que calificaron la medida como innecesaria.
Pese a la negativa de detención, desde las 5:40 a. m. de este 24 de abril, se ejecutó el allanamiento de la vivienda de Corvetto en Miraflores y de otros inmuebles vinculados a ex-directivos de la ONPE. La diligencia, autorizada exclusivamente para el registro domiciliario y la incautación de equipos informáticos, se realizó en el marco de las investigaciones por presunta colusión y omisión de funciones. Durante la intervención, el exjefe del organismo electoral colaboró con las autoridades haciendo entrega de su dispositivo móvil.
Alcance de las investigaciones fiscales
El operativo, liderado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, se extendió a los domicilios de Juan Phang Sánchez y José Samamé Blas, ex-gerentes del organismo procesador de elecciones vinculados a la logística del proceso. Asimismo, se intervino el local de la empresa Gálaga en Lurín. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades penales tras la escasez de material electoral y las fallas logísticas que afectaron la jornada de votación a nivel nacional.
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