La pandemia hizo que todos centraran su atención en salvar la vida de los adultos y que se olvidaran de los niños, que están atravesando una etapa muy difícil con la COVID-19, desde diferentes ángulos que van desde la salud hasta la tranquilidad emocional, pasando por problemas en educación y condiciones de estudio.
Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron en su primera sesión ordinaria, integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria, que preside la congresista Flor Pablo Medina (SP-PM).
La titular del grupo informó sobre lo que denominó “hallazgos” durante una visita inopinada al Instituto de Salud del Niño de San Borja, junto con los congresistas Marleny Portero López (AP), Roberto Sánchez Palomino (JPP), María de los Milagros Jáuregui Martínez (RP), y del congresista Freddy Díaz Monago (APP), quien no pertenece a esa comisión, sino a la de atención a niños y sus familias afectadas por el plomo, arsénico y mercurio en Pasco.
En el nosocomio especializado, los legisladores fueron informados de que, en los últimos dos años en la pandemia, aumentó el número de casos de cáncer infantil y cardiopatías congénitas, anemia y desnutrición, sobre todo en el norte del país.
DOS AÑOS SIN VISITAS
Otra información relevante que obtuvieron los parlamentarios en una visita al Puericultorio Pérez Araníbar fue que, durante todo este tiempo del virus, los menores que se encuentran al cuidado del Estado, no han podido ser visitados por sus familiares.
“No todos los menores tienen familia. Solo un 30 %, pese a ello han estado impedidos de recibir visitas, por las restricciones que se han impuesto”, expresó la congresista Flor Pablo.
Con ella coincidió la legisladora Jessica Córdoba Lobatón (AP-PIS), quien indicó que, durante su visita al Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil José Quiñonez Gonzales, ubicado en el distrito de Pimentel, en Lambayeque, también hay niños a partir de los doce años de edad que tampoco pueden ser visitados por sus familiares.
Por su parte, la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP) expresó que en la pandemia la atención se centró en salvar la vida de los adultos, pero que se olvidaron de los niños, que hoy sufren la peor parte de esta etapa que vivimos.
Además, indicó que doce mil alumnos abandonaron las clases en La Libertad, de donde ella es representante, porcentaje que significa 3 % de la población escolar, debido a problemas de conectividad y desempleo de sus padres, entre otros.
“Debemos reforzar los derechos elementales de los niños y adolescentes, y asegurar que las vacunas lleguen a todo lugar del Perú y que haya óptimas condiciones de estudios en los colegios”, anotó tras coincidir en la necesidad de la reanudación inmediata de las visitas familiares, porque significan un importante soporte emocional.
Señaló que los centros de estudio carecen de agua, luz e infraestructura; y que los estudiantes no solo están padeciendo por problemas de salud, sino de tranquilidad emocional y acceso a la educación, aspectos que no deben faltar e ir de la mano en forma permanente para asegurar su calidad de vida.
Entre otros temas que preocuparon a la comisión especial fue el referido por Pablo Medina, quien indicó que desde hace tres años no se producen adopciones en el Puericultorio ni se aplican programas de acompañamiento para que cuando cumplan la mayoría de edad y tengan que salir de allí, puedan trabajar y dedicarse a una actividad laboral.
Por eso, las parlamentarias coincidieron en estudiar alternativas que permitan respuesta inmediata a este tipo de problemas, como el caso de que se pida a las familias el certificado de no portar el virus.
Por su lado, Córdova Lobatón afirmó creer firmemente en la resocialización de los niños y jóvenes y que hay necesidad de trabajar en el tema desde la comisión.
En la sesión fue aprobado el plan de trabajo para el presente año, con cargo a redacción, con las sugerencias de Córdova Lobatón de hacerlo preciso y centrado en la niñez, la primera infancia, la educación y la salud.
Asimismo, se sugiere que el comité consultivo no convoque a muchas organizaciones civiles, sino a las más importantes.
La titular de la comisión especial indicó que existe la posibilidad de que la próxima sesión ordinaria, el viernes 29, se realice en forma descentralizada en Cajamarca, coincidiendo con el Pleno, que se realizará en ese departamento en la fecha; aunque planteó que en lo sucesivo las sesiones se podrían llevar a cabo de esa forma en los lugares de donde son sus representantes, cuyos integrantes son de ese grupo de trabajo legislativo.
Acerca del autor
