El presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto para una consulta popular sobre el futuro laboral, coincidiendo con el inicio del cuarto y último debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado. Esta acción del Ejecutivo busca presionar al Congreso, pues Petro ha condicionado la derogación del decreto a que el Senado apruebe la reforma con los puntos que él considera esenciales.
El decreto de la consulta será ahora revisado por la Corte Constitucional. Sin embargo, la movida de Petro se produce tras las modificaciones que ha sufrido el proyecto de ley en su trámite legislativo, especialmente en la Comisión Cuarta del Senado.
La reforma laboral, que fue aprobada en la Cámara de Representantes y luego revivida en el Senado tras haber sido archivada, ha generado suspicacias en el sector privado. Durante el debate en la Comisión Cuarta, se introdujeron cambios significativos: la jornada nocturna iniciaría a las 7:00 p.m. (y no a las 6:00 p.m. como en el texto original), y se redujo la contratación obligatoria de trabajadores con discapacidad de dos a uno por cada 100 empleados. Otro punto de discordia es el contrato de aprendices del SENA, que se modificó de dos a 1.5 salarios mínimos.
Estas modificaciones no han sido bien recibidas por la bancada del Gobierno, lo que motivó la radicación de la consulta popular como medida de presión, incluso después de que una consulta anterior fuera hundida en el Senado. El gabinete ministerial radicó una nueva consulta, esta vez con 16 preguntas que incluyen temas de la reforma a la salud, ante la expectativa de que esta también sea archivada.
A pesar de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que la reforma laboral podría aprobarse entre este jueves y viernes, el Gobierno decidió no esperar y convocó la consulta por decreto. La senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, ha calificado la acción del presidente como un «prevaricato», aunque el Consejo de Estado derive el decreto.
La firma del decreto ha generado fuertes críticas. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), manifestó su preocupación, advirtiendo que esta decisión «erosiona gravemente nuestro orden constitucional y democrático». Hizo un llamado a la rama judicial para que tome «decisiones provisionales y de fondo» que restablezcan el orden constitucional.
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, fue más contundente, asegurando que con esta decisión se consuma un «golpe de Estado» liderado por Petro y sus ministros, que «rompe la separación de poderes, socava las reglas del juego democrático y coloca al país en una peligrosa deriva autoritaria».
Para que la reforma laboral se convierta en ley, aún le restaría la etapa de conciliación tras su aprobación en el Senado.
