El ministro César Astudillo anunció gestiones con Caracas para ejecutar deportaciones masivas por barco, aunque evitó detallar plazos y mecanismos operativos.
El Gobierno peruano se encuentra negociando acuerdos bilaterales con las autoridades de Venezuela con el propósito de acelerar y masificar la expulsión de ciudadanos de dicho país que permanecen en situación migratoria irregular. Durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, el ministro del Interior, César Astudillo, reveló que una de las alternativas logísticas en evaluación es la ejecución de traslados colectivos por vía marítima.
El titular del Mininter precisó que hasta la fecha se ha concretado la expulsión de 1.635 extranjeros, cifra que -aseguró- se incrementará sustancialmente si prosperan las coordinaciones con Caracas. «Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela, sobre todo para mandarlos. Y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así», manifestó el funcionario durante su exposición. Pese al anuncio, Astudillo no detalló el cronograma de inicio de las operaciones marítimas, el puerto de embarque designado, la capacidad de las embarcaciones ni las condiciones específicas del convenio en negociación.
Marco legal, antecedentes aéreos y fiscalización
Durante su intervención, el ministro estableció una marcada diferenciación entre la condición de permanencia indocumentada y la figura de reincidencia tras una medida de deportación. Astudillo enfatizó que «ser ilegal en el país no es delito» -utilizando dicha terminología en su alocución-, explicando que la tipificación penal o infracción grave surge cuando un ciudadano extranjero reingresa al territorio peruano habiendo sido expulsado previamente. Para contrarrestar esta problemática, el sector Interior viene implementando un registro de información biométrica y filiación para evitar la suplantación de identidad en pasos fronterizos.
Esta iniciativa logística se enmarca en un contexto de intensificación de operativos de control, donde la Superintendencia Nacional de Migraciones reportó más de 2.500 intervenciones de verificación en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) en lo que va de 2026. De concretarse la vía marítima, la medida ampliaría el precedente sentado el pasado 2 de agosto, cuando el Ejecutivo repatrió a Caracas -vía aérea en un avión Spartan C-27 de la Fuerza Aérea– a tres presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua tras cumplir condena en el país. Asimismo, en el transcurso de ese mismo mes, Migraciones concretó la expulsión administrativa de 42 extranjeros en situación irregular.
Dado que la legislación migratoria peruana exige que toda expulsión sea una sanción administrativa de aplicación estrictamente individual, el eventual traslado masivo por barco requerirá precisar las garantías del procedimiento, el perfil de los sancionados y la logística de recepción con las autoridades venezolanas.
Sesión reservada por criminalidad y extorsión
Tras abordar el eje migratorio -donde el ministro estimó la población venezolana residente en cerca de dos millones de personas-, la sesión parlamentaria derivó hacia la problemática del crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Astudillo cuestionó severamente la venta informal de chips telefónicos sin verificación biométrica de usuarios, señalando que esta práctica facilita el anonimato en delitos de extorsión y mora telefónica.
Luego de responder los cuestionamientos iniciales de los miembros de la Comisión de Defensa sobre el acceso de la policía a información bancaria y el rol del sistema judicial, el ministro del Interior solicitó el pase a sesión reservada para exponer aspectos estratégicos e información de inteligencia vinculada al combate de la delincuencia.
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