Encuesta de CIT en 26 distritos revela que la mayoría de limeños cuestiona la legitimidad de la primera vuelta.
El último estudio de opinión pública de la encuestadora CIT Perú revela que el 72.1 % de los ciudadanos en Lima Metropolitana percibe la existencia de un fraude en la primera vuelta electoral. El sondeo, realizado a más de 600 personas en 26 distritos de la capital, expone una profunda crisis de legitimidad que se manifiesta de forma transversal en los diversos sectores sociales.
José Sadera, presidente de la encuestadora, precisó que la metodología empleada priorizó las zonas con mayor densidad de votantes para fortalecer la representatividad estadística de los resultados, excluyendo áreas de menor peso electoral como los balnearios.
Brecha geográfica y demanda de anulación
La desconfianza ciudadana presenta variaciones significativas según la zona residencial de los encuestados.
Mientras que en la denominada Lima Moderna el escepticismo alcanza al 53.4 % de la población, en las periferias de la ciudad la cifra se dispara notablemente.
En Lima Norte el porcentaje de personas que sostienen la tesis del fraude llega al 74.9 %, seguido por Lima Este con un 74.4 % y Lima Sur con un 76.2 %.
Esta percepción de ilegitimidad ha impulsado a que un 40.5 % de los limeños considere necesaria la anulación de los comicios, a pesar de que el cronograma oficial sigue en marcha y de que legalmente no se han cumplido los supuestos necesarios para invalidar el proceso.
Por el contrario, solo una minoría del 14.1 % manifiesta conformidad con el conteo de la ONPE.
Exigencia de justicia y panorama judicial
El rechazo hacia las autoridades electorales se ha traducido en una demanda masiva de rendición de cuentas, con un 88.4 % de los encuestados exigiendo una investigación penal contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.
Los ciudadanos vinculan directamente las presuntas irregularidades del 12 de abril con una falta de imparcialidad en la gestión institucional.
En el plano legal, el Ministerio Público ha apelado la resolución que rechazó la detención preliminar de Corvetto Salinas y otros funcionarios implicados en una investigación por colusión agravada. El magistrado Manuel Chuyo Zavaleta ha elevado el caso a una Sala Penal, instancia que deberá determinar si los investigados enfrentarán el proceso judicial bajo medidas de restricción de libertad o en comparecencia.
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