El 22 de mayo último, el Gobierno Central envió al Congreso un proyecto de Ley que de acuerdo al texto “aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público”.
Dicho en cristiano, lo que el Ejecutivo aprueba es otorgar un “bono” de 11,700 soles a los jueces y fiscales supremos, incluidos Chávarry y Los Cuellos Blancos, que hará que ganen S/30 273.77 mensuales. Los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también serán beneficiados.
Esto mientras que el presidente de la República gana 15 600 soles, los congresistas S/15 600 y los ministros S/30 000.
Lejos, muy lejos, se encuentran los miles de trabajadores que apenas ganan el sueldo mínimo vital que se encuentra estancado en 930 soles. Ni hablar de los jubilados para quienes con el argumento de que “no hay plata” el Ejecutivo solo se les otorgó la mísera suma de 85 soles mensuales. “Aumento” que, dicho sea de paso, aún no se aplica a pesar de que fue anunciado en los primeros días de mayo.
A propósito del Bono de 11,700 soles, el legislador Zacarías Lapa, presidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento, dijo que su Despacho enviará un oficio al Ministerio de Economía solicitando información sobre este bono para conocer si será temporal o permanente.
Esfuerzo inútil porque los peruanos sabemos que en nuestro país todo lo temporal se vuelve permanente.
¿Pero en nuestro país hay bonanza o crisis económica?
El semanario The Economist calculó que para el primer trimestre de este año habría una caída de la economía en 5.3 % y lo que se avizora para el segundo semestre no resulta nada promisorio.
Es decir bien no estamos. Más aún cuando según el Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI), el Producto Bruto Interno (PBI) apenas tuvo un aumento interanual de 0.02% en abril, y aunque con ello anotó 117 meses de crecimiento continuo, éste fue el resultado más bajo desde julio del 2009.
Así las cosas, surge la pregunta: ¿de dónde van a salir los recursos para los aumentos de nuestra privilegiada burocracia? La respuesta la tienen el ministro del MEF y la titular de la Sunat.
¿Y como vamos en el aspecto laboral?
Desde Ginebra donde asiste a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la vicepresidenta Mercedes Araoz, declaró que el Perú en menos de tres años, ha recibido a 800.000 venezolanos y esto qué genera una oferta laboral muy fuerte en el sector forma e informal, en desmedro de muchos peruanos.
“Indudablemente no deseamos afectar a los hermanos venezolanos porque hay mucha gente preparada que ojalá pudiéramos colocar adecuadamente, pero lamentablemente no hay espacios para ello”, finalizó.
Esta situación se veía venir. Más aún cuando, mes a mes, la cantidad de migrantes iba aumentando al mismo ritmo que el desempleo de los peruanos.
Según el último informe del INEI, el empleo adecuado entre los jóvenes de 14 y 24 años de Lima Metropolitana se redujo en 11,3% y más de 44 mil jóvenes perdieron su empleo formal en el último trimestre
El reporte indica que un total de 44 mil 200 jóvenes entre 14 y 24 años que radican en Lima Metropolitana, perdieron su empleo durante el trimestre marzo/abril/mayo del presente año.
La realidad demuestra que los jóvenes de nuestro país siguen siendo los más golpeados en el mercado laboral.
Pero eso no sería todo. Existe una extraña percepción de una clara preferencia del gobierno hacia los venezolanos.
Hace pocos días César Bustamante, director general de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró al diario Gestión que el Ejecutivo, mediante una mesa de trabajo intersectorial de gestión migratoria, alista el desarrollo de distintos programas que buscan, entre otras cosas, homologar los títulos profesionales de los migrantes venezolanos.
Inmediatamente la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) salió para aclarar que no ha implementado ningún procedimiento excepcional para el registro de diplomas emitidos en Venezuela o en algún otro país.
Fue en respuesta a las versiones sobre el otorgamiento de supuestos beneficios para la convalidación de títulos a ciudadanos de dicho país.
Mediante un comunicado, indicó que a la fecha se ha declarado improcedente 33 solicitudes de registro de grados y títulos provenientes de Venezuela, debido a la detección de irregularidades en las apostillas o a que no se pudo verificar los estudios realizados por los solicitantes.
Pero hay más. El día jueves (6/6/19) la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), órgano dependiente del ministerio de Trabajo, publicó en su portal un proyecto de protocolo de fiscalización donde se establecía que las empresas que han contratado trabajadores de nacionalidad venezolana no estaban sujetas a los límites de contratación de trabajadores extranjeros. Es decir podrían superar el 20% del todo el personal que labora en la empresa, como lo establecen las reglas vigentes.
Sin embargo, pocas horas después, la propia Sunafil rectificó su comunicado y precisó que “el personal venezolano también está sujeta a topes de contratación de personal extranjero”, esto es hasta un 20% como máximo.
Estos dos últimos hechos muestran un deseo de ayudar a los venezolanos, lo que nos parece bien. Pero el mandatario no debería olvidad que él es el presidente de todos los peruanos, no de unos cuantos.
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