Hay un sector de estudiantes con discapacidad que el acceso a la educación se ha vuelto inalcanzable en el contexto de la pandemia Covid-19, desde el Estado el ente encargado no ha tenido la capacidad de garantizar educación inclusiva para las personas con discapacidad, proporcionando apoyos y adaptando contenidos de aprendizaje.
Pamela Smith, directora de Sociedad y Discapacidad señala que los más afectados son los estudiantes con discapacidad intelectual, que representan el 50% del total de estudiantes con discapacidad incluidos en la escuela regular, alerta que esta grave barrera puede conducir a una deserción educativa.
-¿En el contexto de la pandemia, cuáles son las barreras para el acceso a la educación para las personas con discapacidad en el país?
En primer lugar, existe un limitado acceso a bienes y tecnología, eso significa que la educación impartida en este contexto de pandemia sea inalcanzable para ellos. Por otra parte, las medidas de accesibilidad aún no han sido incorporadas de forma integral y pertinente, la accesibilidad va más allá de colocar a un intérprete en lengua de señas (…) hay personas con discapacidad visual que tienen obstáculos en la navegación de la plataforma Aprendo en casa. Se requieren recursos en formatos de fácil lectura, subtítulos, recursos gráficos que aún no están disponibles.
-¿Qué tipo de quejas han recibido respecto a la metodología impulsada por el MINEDU?
Una de las quejas más frecuentes, además de la accesibilidad, es que las familias no están recibiendo ningún tipo de apoyo educativo. Se les ha trasladado a las familias todo el rol educativo sin ningún tipo de acompañamiento y asesoramiento. Por otro lado, en las escuelas privadas, existe una negativa de incluir a los estudiantes en el dictado de clases desde plataformas virtuales e incorporar adaptaciones para atender a estudiantes con discapacidad intelectual y autismo. Esto ha conducido a muchas familias de personas con autismo a abandonar la modalidad remota, dada la falta de adaptaciones curriculares y ajustes necesarios para asegurar su continuidad escolar durante este año.
-¿Las personas con qué tipo de discapacidad crees tienen mayor dificultad para tener acceso a educación en este contexto? ¿Por qué?
Los que se ven particularmente más afectados son los estudiantes con discapacidad intelectual, que son el 50% del total de estudiantes con discapacidad incluidos, y los estudiantes con autismo. Por ejemplo, se ha omitido poner a su disposición recursos adecuados, como: información en formatos de fácil lectura, contenido y material educativo modificado conforme a sus objetivos de aprendizaje. El rol de los equipos de apoyo SAANEE es casi nulo o muy limitado en este contexto. Las características de los estudiantes no son el problema, sino con las falencias del sistema educativo para atender diversidad de la comunidad educativa. Esta situación puede conducir a una deserción educativa y así profundizar la brecha educativa.
Andina
-Antes de la pandemia ¿Cuáles eran las principales falencias del Minedu respecto a educación inclusiva?
La cuestión de la discapacidad ha estado ausente de la política educativa; es por ello que existen barreras arquitectónicas, discriminación en el acceso asociada a prejuicios y bajas expectativas sobre el colectivo. Dentro de la escuela la ausencia de apoyos y ajustes curriculares que frustran trayectoria educativas. Los apoyos educativos son parte crucial del proceso de inclusión; no obstante, según información del MINEDU es inviable multiplicar los equipos SAANEE a gran escala. Este no es solo un problema de cobertura sino de un abordaje que en muchos casos es percibido un obstáculo para la inclusión.
Estas falencias se ven reflejadas en las altas tasas de analfabetismo presente en este colectivo, pues el 26.5% de las personas con discapacidad mayores de 15 años no sabe leer ni escribir. Existe además un alto porcentaje de personas con discapacidad que está fuera del sistema educativo: 54% de personas con discapacidad no accede a la escolaridad.
-En la situación en la que estamos, ¿es posible atender al sector con discapacidad que requiera mayor atención o acompañamiento?
Es necesario hacerlo, para ello los docentes necesitarán de recursos que les permitan atender a la diversidad. Es importante conformar una red de apoyos (que involucre actores de la sociedad civil, especialistas, docentes, facultades de educación) para brindar algún tipo de soporte a los estudiantes con discapacidad y sus familias. Esta alternativa permite que los padres, madres y/o familiares no se vean empujados a tomar el camino de la deserción educativa. Los docentes han mostrado reticencia para incluir a los alumnos con discapacidad porque consideran que no cuentan con “la preparación necesaria” para hacerlo; sin embargo, la emergencia ha demostrado que los docentes pueden adaptarse e incorporar herramientas que beneficien también a la población con discapacidad, es necesario disponer recursos también para ellos.
-¿Qué acciones debería tomar el Minedu para impartir educación inclusiva y de calidad?
Dado que la problemática existe previamente a este escenario, resulta indispensable rediseñar el modelo de “educación inclusiva” implementado por el Ministerio de Educación. Esta crisis ha demostrado que la política educativa le ha fallado al colectivo, y que se necesita un cambio estructural: identificar oportunamente necesidades de apoyo, apostar por modalidades de apoyo como: docentes sin aula a cargo o acompañantes pedagógicos instalados en las propias escuelas, una asignación presupuestaria superior al 0.69% que no esté divorciada del resto de partidas, y una fiscalización y sanción de los colegios privados por incurrir en cobros ilegales. Esto va de la mano con transversalizar el enfoque de atención a la diversidad en todos los programas de formación inicial docente para que los docentes sean actores activos en el proceso de inclusión educativa.
-Si el Estado no garantiza educación a este sector, ¿cuál es impacto a futuro?
El impacto a futuro es que las brechas de pobreza y exclusión se incrementarán, la formación educativa y la adquisición de habilidades para la vida diaria potencian las oportunidades laborales. La encuesta ENEDIS-2012, señala que la población económicamente inactiva de personas con discapacidad de 14 años a más, conforma un 76,8%, cifra que revela la sistemática exclusión y segregación para este colectivo
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