El deceso de un adolescente de 17 años en los calabozos de la Comisaría de Manchay, en Pachacámac, ha provocado el rechazo ciudadano y mantiene bajo escrutinio los procedimientos de custodia de la Policía Nacional. Mientras las instancias correspondientes desarrollan las indagaciones, los progenitores del menor denunciaron públicamente que su hijo sufrió violencia física, deficiencias en el debido proceso de su arresto y solicitudes de dádivas económicas por parte de los efectivos policiales asignados a la dependencia.
Falta de notificación formal y denuncias de violencia en la carceleta
Los familiares detallaron a través de ATV Noticias que el joven fue conducido a la sede policial tras ser imputado por un presunto delito de robo. Los deudos aseveraron que la autoridad policial omitió comunicarles de forma oficial la detención y el estado legal del retenido.
Según el testimonio de la familia, el propio adolescente les comunicó que estaba siendo golpeado dentro de la delegación horas antes de reportarse su muerte. Asimismo, los parientes cuestionaron la legalidad de mantener a un menor de edad recluido en una celda común y demandaron el esclarecimiento de responsabilidades penales contra el personal implicado.
Irregularidades en la detención y hallazgo de signos de violencia
De acuerdo con las declaraciones del padre, el menor había acudido a una reunión con una compañera escolar cuando fue sindicado de intentar sustraer objetos de una vivienda. Tras ser retenido inicialmente por el cuerpo de Serenazgo y derivado a la Comisaría de Manchay, la familia afirmó ante Latina Noticias que no recibió ninguna comunicación oficial sobre el hecho, enterándose de su paradero por medio de vecinos que visualizaron al adolescente en una unidad policial.
Al apersonarse a la dependencia, los deudos constataron que el joven presentaba hematomas visibles, prendas rotas y la falta de su calzado, además de recibir la confirmación directa del menor sobre las agresiones sufridas en la celda. Las solicitudes de aclaración civil ante los agentes no prosperaron debido a la ausencia del comisario y a la negativa del personal presente de brindar respuestas concluyentes. Las sospechas familiares se incrementaron al detectar una constancia de buen trato impresa únicamente con una huella dactilar y sin la firma del adolescente, documento que presumen fue confeccionado con posterioridad a su fallecimiento.
Demoras en el auxilio médico e inicio de la investigación fiscal
La situación crítica del menor empeoró cuando los parientes lo hallaron inconsciente en el recinto policial y exigieron su evacuación inmediata. El traslado se vio demorado por justificaciones de los efectivos relacionadas con la falta de llaves del vehículo y la carencia de órdenes de movilización, procediendo finalmente a llevar al joven en la tolva de una camioneta hacia un centro de salud donde se ratificó su deceso.
La intervención del Ministerio Público y el traslado a la morgue registraron dilaciones de varias horas de acuerdo con las quejas de los deudos. Ante este escenario, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín aperturó una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio contra los que resulten responsables, ordenando la toma de testimonios y la recopilación de los registros de videovigilancia de la zona.
Los padres, quienes describieron a su hijo como un estudiante de música con proyectos de seguir la carrera de arquitectura, exigen la revisión rigurosa de los protocolos de minoridad y la identificación del personal de turno que permitió los hechos denunciados.
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