Medidas excepcionales en el Centro de Lima coinciden con la movilización convocada por Rafael López Aliaga.
La sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el Cercado de Lima permanece bajo un estricto cerco de seguridad y acceso restringido. Desde el domingo 19 de abril, las autoridades implementaron medidas excepcionales que coinciden con la movilización convocada por Rafael López Aliaga.
El despliegue incluye rejas metálicas aseguradas con cadenas y un fuerte contingente de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, alterando el tránsito habitual en las avenidas y calles aledañas.
Vigilancia reforzada y cierre de accesos
Durante la jornada del domingo, el perímetro de la sede electoral fue sellado, especialmente en el jirón Washington, donde solo se permitió el ingreso a personal acreditado y residentes locales. Al finalizar la tarde, el jefe de la entidad, Piero Corvetto, abandonó las instalaciones bajo una fuerte escolta de seguridad, trasladándose a su residencia en Miraflores bajo custodia policial activa tras registrarse intentos de ciudadanos por aproximarse al enrejado.
Restricciones vigentes y protocolos de seguridad
Este lunes, el resguardo extremo se mantiene en dos cuadras del jirón Washington y en los accesos desde avenida 28 de Julio, Guzmán Blanco, Yauyos y Chincha. Los controles policiales verifican minuciosamente la identificación de peatones y conductores, priorizando la prevención de incidentes ante el clima de cuestionamientos sobre el proceso electoral. El objetivo central de las autoridades es garantizar el orden público y la integridad de las instalaciones frente a posibles manifestaciones.
Desplazamiento estratégico del jefe de la ONPE
El traslado de Piero Corvetto hacia la sede institucional se realizó bajo un riguroso protocolo de seguridad para evitar el contacto con la prensa y manifestantes. El funcionario partió de Miraflores a las 6:50 a. m. y, a diferencia de su rutina habitual, ingresó a la ONPE por una vía alterna en el jirón Yauyos. Este despliegue ocurre en un contexto crítico, mientras se desarrollan investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la contratación de servicios para los comicios, lo que mantiene al organismo bajo una vigilancia institucional y policial permanente.
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