Anunció titular de la cartera, Eduardo Arana
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, indicó que su sector presentará un proyecto de ley para que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pueda realizar el deslacrado o revisión de celulares que son incautados en las requisas que realizan, con permiso de la Fiscalía.
Así lo anunció durante la conferencia de prensa tras la sesión de hoy del Cuarto de Guerra contra la delincuencia, que estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Arana explicó que en la actualidad tienen el problema de que, cada vez que logran incautar teléfonos en penales, estos pasan a manos de la Policía, luego al Ministerio Público y no llegan a ser examinados. Indicó que dicha propuesta serviría también en el caso de teléfonos en funcionamiento dentro del mismo penal.
«La propuesta es que el propio personal del INPE pueda darle una mirada rápida en presencia del fiscal o en presencia de la policía para que se pueda tener, de primera mano, la información que contienen estos equipos celulares en el caso que fueran incautados», indicó sobre este proyecto para modificar el Código de Ejecución Penal.
Mencionó que también han trabajado en un decreto supremo que establece la verificación de la identidad para buscar requisitoriados en todos los centros comerciales, espacios públicos y espectáculos públicos no deportivos a nivel nacional, medida que, dijo, se aplicaría también en el caso de inmigrantes.
Antenas
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) precisó asimismo que su sector ha propuesto emitir un decreto supremo para modificar el Decreto Legislativo 1229, que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y servicios penitenciarios, con la finalidad de erradicar las antenas satelitales y telefónicas más allá de los 200 metros del perímetro de los penales.
Arana Ysa explicó que existe una disposición que prohíbe la construcción y edificación de ningún tipo de vivienda o actividad alrededor de los 200 metros de los penales, pero que esta, sin embargo, ha sido vulnerada por los municipios al otorgar licencias de construcción.
«La norma pretende que más allá de los 200 metros también se establezca un mecanismo de control y de supervisión», indicó el ministro.
Informó que su sector está trabajando también en un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión y crea una franja informativa mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estado de emergencia las acciones y actividades que se vienen ejecutando desde el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana.
El titular del Minjusdh precisó además que su sector viene llevando a cabo la intervención de los penales de Lima y Callao y los centros juveniles en la ciudad capital, en el marco del estado de emergencia que rige en dichas jurisdicciones.
«Próximamente haremos varias de estas acciones de control para mantener y ratificar el principio de autoridad en todos los penales del país», anunció Eduardo Arana.
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