-Como titular de la investigación preliminar según ley aprobada por el Congreso.
Un proyecto de Decreto Supremo, elaborado por la Secretaria Técnica de la Comisión Especial del Código Penal del Ministerio de Justicia que estaría a punto de ser firmado por el presidente José María Balcázar, pretende devolverle al Ministerio Público la titularidad de la investigación preliminar penal sobre la Policía Nacional del Perú, lo que transgredería la ley aprobada por el Congreso y lo precisado por el Tribunal Constitucional.
El informe desechó la propuesta del Ministerio del Interior que solicitaba establecer claramente que “la investigación preliminar está a cargo de la Policía Nacional del Perú con conducción jurídica del Fiscal; corresponde al Fiscal decidir la estrategia jurídica y a la Policía Nacional del Perú adoptar decisiones relativas a la estrategia operativa de la investigación” y que “la Policía Nacional del Perú ejecuta las diligencias y actuaciones operativas, técnicas, logísticas y criminalísticas”.
De esta manera, el MINJUS hace caso omiso al Congreso y a lo señalado por el Tribunal Constitucional que en su fundamento 68 de la Sentencia 150/2025 establece lo siguiente: “(…) el artículo 159.4 de la Constitución en el sentido de que la ‘conducción’ desde el inicio de la investigación del delito que le corresponde al Ministerio Público…mas no investigar directamente el delito en la etapa preliminar, ya que lo hace recién desde la fase de investigación preparatoria formalizada…”. Pero para el MINJUS “no es necesario” hacer esta precisión.
En mayo último el director de la Oficina de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUS, Abel Hurtado, dirigió un oficio al secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, Alberto Vega, para que se incluya la contratación de más abogados para la defensa de los “involucrados” en los delitos de extorsión y sicariato.
Según se supo recientemente, esta Defensa Pública se dedica a velar por los derechos de los delincuentes más que por los denunciantes o agraviados.
Y ahora pretendería crear un Subsistema que fortalezca la defensa jurídica de los investigados, pero que deje sin presupuesto y sin respaldo normativo suficiente a la PNP encargada de perseguirlos, se informó.
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