Comisiones de Cultura y de Energía y Minas analizan problemática en sesión conjunta que realizan en Huaraz.
Las comisiones de Cultura y Patrimonio Cultural y de Energía y Minas del Congreso se trasladaron a esta ciudad para realizar la audiencia pública descentralizada conjunta que busca entender y buscar salidas a la minería informal que afecta a la zona. Bajo el nombre: «Afectados de Informalidad e Ilegalidad de la Minería en Zonas Arqueológicas», los congresistas de estos grupos de trabajo buscan que las empresas que realizan actividad minera cumplan con los estándares medio ambientales y con labores de responsabilidad social en las zonas donde operan.
La congresista María Melgarejo (FP), titular del grupo de trabajo de Cultura, sostuvo que esta sesión es el primer paso para trabajar con el Poder Ejecutivo y con la gran empresa que genera puestos de trabajo a los jóvenes de la zona.
Añadió que si bien Ancash está reconocida como Patrimonio de la Humanidad, la minería ilegal viene destrozando todo su paisaje, por ello enfocarán su trabajar en esa rama diferenciando minería y ambiente. “La afectación es por la minería ilegal y nuestro enfoque es trabajar con las universidades generando estrategias y propuestas para evitar que esta ilegal actividad siga afectando a la región”, enfatizó.
Entre tanto, el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Miguel Román (AP), dijo que se debe diferenciar entre minería formal e ilegal, y que la actividad minera en general debe respetar las zonas culturales y a la población.
En ese sentido, señaló que viene trabajando diversos proyectos de Ley en referencia a la minería informal. “Queremos empresas responsables y que contribuyan a la zona de desarrollo, que la población sienta las mejoras en las condiciones de vida”, dijo Román Valdivia.
Otra preocupación, añadió el legislador de AP, es la titularidad de las concesiones, el 95% está a nombre de otros y eso es una parte fundamental para la formalización. “Tenemos que darle alguna alternativa los mineros artesanales para que se conviertan en concesionarios pero sin dañar a la naturaleza ni la cultura. El verdadero minero artesanal no es un delincuente y el gobierno tiene que hacer la remediación de pasivos ambientales”, finalizó.
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