Según declaraciones del presidente ejecutivo de Devida.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ha presentado el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, confirmando una reducción por segundo año consecutivo. La superficie cultivada se situó en 89,755 hectáreas, una cifra menor en comparación con 2023.
Carlos Figueroa Hinostroza, presidente ejecutivo de Devida, destacó que en 2022 se alcanzó el pico histórico de cultivos de coca en un contexto sin nuevas acciones. Según sus cálculos, de no haberse implementado medidas concretas, la proyección para 2024 habría superado las 125,000 hectáreas. Sin embargo, gracias a la Política Nacional de Lucha contra las Drogas y el desarrollo alternativo, se logró revertir esta tendencia.
En 2023 se registró una reducción a 92,784 hectáreas, consolidándose la baja en 2024. Esto representa una reducción del 29% respecto a la proyección original, según el informe.
Durante la presentación del documento, Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea (UE) en Perú, felicitó a Devida por su liderazgo y coordinación intersectorial, así como a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por su respaldo técnico. Hatwell subrayó que el informe, lanzado en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, es una herramienta clave. «Desde la Unión Europea, como socio de confianza y firme defensor del multilateralismo, queremos destacar el trabajo conjunto que vamos desarrollando desde 2020», afirmó.
El presidente de Devida enfatizó que la estrategia para reducir los cultivos ilegales de hoja de coca fue posible gracias al trabajo conjunto de diversas entidades del Estado peruano, como la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y Migraciones, además del apoyo de la cooperación internacional.
Uno de los hallazgos más importantes del informe es el desplazamiento del narcotráfico hacia zonas más alejadas y de frontera, como la selva baja, carentes de densidad poblacional y sin tradición de cultivo de coca. “Ahí no hay poblaciones asentadas, no hay mercados ni actividades productivas alternativas. Es narcotráfico puro y duro”, señaló Figueroa, explicando que estas nuevas zonas requieren deforestación y adaptación, lo que implica inversión y tiempo (entre un año y año y medio) antes de entrar en producción.
Figueroa advirtió que esta expansión afecta directamente a comunidades nativas, que no tienen vínculos ancestrales con la producción ni el consumo de coca, y representa un grave riesgo ambiental y social, implicando «deforestación, amenazas a pueblos originarios y degradación de los ecosistemas».
En contraste, las zonas tradicionales han registrado reducciones sostenidas. Por ejemplo, el Vraem, por primera vez en ocho años, reportó una disminución del 5% en hectáreas cultivadas.
En el plano operativo, las acciones de erradicación se realizaron sin fumigación y con intervención en raíz, a través del Proyecto Especial Corah del Ministerio del Interior, con el apoyo de la Dirandro y la Policía Nacional. El informe detalla que en 2024 se evitó la producción de 3,188 millones de dosis de cocaína, gracias a la interdicción, el desarrollo alternativo y la inteligencia operativa.
El trabajo en zonas complejas como Putumayo, donde operan grupos armados como disidentes de las FARC, ha sido posible con el apoyo del gobierno estadounidense, especialmente en transporte aéreo, y la colaboración de comunidades locales. «La población ya no quiere vivir en zozobra», expresó Figueroa, destacando la voluntad ciudadana como un motor clave del cambio.
Entre las zonas con mayor crecimiento de cultivos figuran Amazonas y San Gabán, ambas alejadas y sin condiciones para desarrollo alternativo. También se identificó la presencia de minería ilegal en estas áreas, lo que complica aún más el panorama.
El presidente de Devida defendió el papel del desarrollo alternativo, señalando que incluye productos como el plátano, peces amazónicos y miel, que aunque pueden tomar tiempo para madurar, son sostenibles. Rechazó la idea de que esta estrategia sea insuficiente si no se complementa con interdicción y erradicación: «Si no funcionan los tres, no funciona ninguno».
Finalmente, Figueroa remarcó que esta política pública debe centrarse en los derechos humanos de todos, tanto consumidores como no consumidores, y productores como no productores. «Esta no es tarea de una entidad ni de un país. Es una tarea de todos los ciudadanos del mundo», concluyó.
