El Congreso de la República destacó los alcances de la Ley Nº 32386, una norma diseñada para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. La ley autoriza contrataciones directas, facilita transferencias rápidas de recursos y establece un bono económico para el personal policial.
Específicamente, el Ministerio del Interior (Mininter) queda exonerado temporalmente de ciertas restricciones de la Ley de Presupuesto Público 2025, lo que le permite agilizar su gestión financiera y operativa. Los fondos se destinarán al Programa Presupuestal 0030: “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, con el fin de actuar eficazmente frente a la emergencia por inseguridad.
Mecanismos de agilización y beneficios policiales
La Ley Nº 32386, con una vigencia de 180 días calendario (hasta fines de diciembre de 2025), autoriza al Mininter, gobiernos regionales y gobiernos locales a realizar contrataciones no competitivas durante el estado de emergencia.
Estas adquisiciones urgentes priorizarán bienes y servicios indispensables, reduciendo la burocracia y permitiendo una respuesta inmediata ante el avance del crimen organizado. Además, la norma garantiza una entrega económica al personal policial que participe voluntariamente en patrullajes y operaciones de investigación, un beneficio contemplado previamente en la Ley Nº 32197, que busca reconocer e incentivar la labor en las calles.
Transparencia y supervisión
Para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos, la ley dispone que la Contraloría General de la República realice control concurrente sobre todas las adquisiciones efectuadas tanto por el Mininter como por los gobiernos subnacionales.
Adicionalmente, se autoriza a los gobiernos regionales y locales a transferir fondos al Ministerio del Interior para financiar proyectos del Programa Presupuestal 0030, siempre y cuando estas transferencias se formalicen mediante convenios publicados en el Diario Oficial El Peruano, asegurando así la transparencia. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está autorizado a asignar recursos adicionales para la ejecución de las acciones previstas.
La problemática del crimen y el déficit policial
La adopción de esta medida fue motivada por el incremento de homicidios en el país. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), entre enero y la segunda semana de junio se registraron 1,002 asesinatos, con Lima a la cabeza (352 casos), seguida por La Libertad (108), Callao (94) y Piura (64).
Estos crímenes, vinculados mayormente al sicariato y los ajustes de cuentas, evidencian un crecimiento de la violencia organizada y una limitada capacidad de respuesta policial. La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 ya advertía deficiencias en el equipamiento operativo de la PNP (el 70% de las computadoras y gran parte de los vehículos están inoperativos o desfasados) y un déficit de personal, con el número de policías por habitante muy por debajo de los estándares internacionales (147 efectivos por cada 100 mil habitantes en 2019, frente a los 300 recomendados por la UNODC).
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