Nueva megacárcel en Ecuador: Iniciará en mayo la construcción de penal para 15,000 reclusos.
El gobierno de Ecuador ha ratificado su política de «mano dura» contra el crimen organizado al anunciar que se edificarán todos los centros de reclusión de máxima seguridad que el país demande para frenar la violencia. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró este martes que la prioridad estatal es aislar a las cabecillas del narcotráfico y la corrupción, siguiendo el modelo de control estricto que ya se aplica en la primera prisión de este tipo inaugurada recientemente.
Tras la puesta en marcha de «El Encuentro», una cárcel en Santa Elena que ya alberga a 600 internos bajo un régimen de aislamiento total y uniformidad, el Ejecutivo planea iniciar en mayo la construcción de un segundo complejo. Esta nueva penitenciaría tendrá una capacidad para 15,000 personas y se proyecta que esté finalizada en un plazo de 18 meses. Reimberg enfatizó desde Guayaquil que la administración de Daniel Noboa no descarta una tercera infraestructura, reafirmando que se construirán «las que sean necesarias» para neutralizar a bandas vinculadas a carteles internacionales.
La estrategia carcelaria surge como respuesta a una crisis de violencia sin precedentes en Ecuador, que en 2025 alcanzó una cifra alarmante de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes. El objetivo principal es garantizar que los delincuentes de alta peligrosidad permanezcan incomunicados para evitar que sigan dirigiendo operaciones delictivas desde el interior. Por razones de seguridad nacional, las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación exacta del nuevo centro de confinamiento.
Tensiones por derechos humanos
Pese a que organizaciones internacionales y de derechos humanos han denunciado presuntos abusos en el trato a los internos, el ministro Reimberg desestimó las críticas, priorizando la demanda de tranquilidad ciudadana. Ante los cuestionamientos por el carácter autoritario de estas medidas, el funcionario sostuvo que su responsabilidad primordial es responder al país con seguridad efectiva, defendiendo la legitimidad de un sistema que busca desarticular las estructuras criminales que han desestabilizado a la nación.
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