Foto: Andina
Seis de los diez distritos con las mayores tasas de asesinatos a nivel nacional registran la presencia operativa de la minería ilegal.
La minería ilegal se ha consolidado como la principal economía ilícita en el Perú, desplazando a otras actividades criminales tradicionales en términos de volumen financiero y penetración territorial. De acuerdo con las estimaciones macroeconómicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de oro de procedencia ilegal superaron los US$ 11,500 millones durante el año 2025, una cifra que representa un incremento de 6.5 veces en comparación con la década pasada y que prácticamente iguala el valor total de los despachos de oro legal.
Esta expansión sin precedentes se vio fuertemente incentivada por el rally alcista de los mercados internacionales de metales: a junio de 2026, la cotización del oro se sitúa en torno a los US$ 4,500 por onza troy, triplicando el valor referencial de US$ 1,300 registrado a inicios de 2019. Como consecuencia directa de este auge económico informal, los índices de criminalidad organizada y extorsión han experimentado un repunte crítico en todo el territorio nacional, manifestándose con especial virulencia en el departamento de La Libertad, zona norte del país que concentra un alto volumen de operaciones de extracción aurífera al margen de la ley.
Presupuesto estancado ante el incremento de la actividad criminal
El análisis de la respuesta estatal frente al avance de las mafias extractivas evidencia una severa brecha entre las capacidades operativas públicas y el volumen de la criminalidad. Los registros estadísticos del Ministerio del Interior detallan que las denuncias formales por minería ilegal se triplicaron a nivel nacional al pasar de 813 casos en el año 2020 a un total de 2,605 incidencias al cierre de 2025. En contraste con este incremento de la carga delictiva, las partidas presupuestales asignadas por el Gobierno Central para la prevención, fiscalización e interdicción de esta actividad apenas experimentaron un crecimiento real del 4% entre 2019 y 2025, una vez deducidos los efectos de la inflación.
Esta contracción relativa de los recursos públicos ha limitado la sostenibilidad de las intervenciones en los principales corredores mineros, permitiendo que la proliferación de campamentos informales coincida temporalmente con un agudo deterioro de las condiciones de seguridad pública y soberanía territorial.
Análisis de la tasa de homicidios y la crisis de seguridad en el norte
A mayo de 2026, la tasa nacional de homicidios se elevó a 6.2 decesos violentos por cada cien mil habitantes, un indicador que duplica el registro de 3.3 reportado en 2019. El impacto de las economías criminales en la delincuencia común se refleja en que seis de los diez distritos con las tasas de homicidios más elevadas del Perú albergan operaciones activas de minería ilegal; entre estas jurisdicciones destaca de manera crítica el distrito de Pataz, ubicado en la sierra de La Libertad, el cual registra una tasa de 166 homicidios por cada cien mil habitantes.
En el plano regional, La Libertad consolidó 415 denuncias por minería ilegal durante el periodo 2025, fijando una tasa de 19.2 delitos por cada cien mil habitantes que triplica la media nacional de 7.6. En paralelo, la letalidad en dicha región se duplicó en el sexenio 2019-2025, escalando de 6.6 a 12.5 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que duplica el promedio ponderado del resto del país.
| Indicador de Seguridad (2025) | La Libertad | Promedio Nacional |
| Denuncias de minería ilegal (por cada 100k hab.) | 19.2 | 7.6 |
| Tasa de homicidios (por cada 100k hab.) | 12.5 | 6.6 |
Limitaciones del Reinfo y la convergencia institucional con el narcotráfico
La eficacia de las acciones de control penal se encuentra severamente limitada por la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este mecanismo de transición jurídica otorga inmunidad frente al delito de minería ilegal a los operadores adscritos, impidiendo la intervención del Ministerio Público incluso cuando las labores de extracción se realizan en áreas de reserva natural, zonas restringidas o mediante el uso de insumos químicos prohibidos que vulneran los compromisos ambientales.
En La Libertad, el 15.4% de los aproximadamente 3,000 mineros inscritos mantiene su condición en estado suspendido debido al incumplimiento crónico de las normativas sectoriales. Asimismo, los sistemas de teledetección de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) han identificado una superposición geográfica entre concesiones mineras con inscripción activa y cultivos ilícitos de hoja de coca, lo que confirma la integración de las rutas de contrabando, las cadenas de suministro logístico y los aparatos de protección armada entre las redes de la minería ilegal y el narcotráfico internacional.
Propuestas técnicas y evaluación de los planes de gobierno en el balotaje
El desarrollo de las elecciones generales ofrece un espacio coyuntural para incorporar reformas estructurales en los planes de las agrupaciones políticas que compiten en la segunda vuelta. El IPE ha planteado una estrategia integral fundamentada en siete ejes de gestión pública:
- Formalización sujeta a plazos perentorios e improrrogables.
- Trazabilidad de la cadena de valor y comercialización del oro.
- Operativos de interdicción y fiscalización ambiental permanentes.
- Programas de desarrollo económico alternativo en zonas de influencia.
- Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre ministerios.
- Mecanismos de cooperación judicial transfronteriza.
- Restablecimiento de la presencia soberana del Estado en los territorios afectados.
El escrutinio de las plataformas programáticas revela que el partido Fuerza Popular contempla medidas asociadas a seis de los siete ejes propuestos, mientras que la organización Juntos por el Perú aborda exclusivamente el componente de trazabilidad del mineral en su agenda complementaria para el balotaje. No obstante, ninguna de las dos fuerzas políticas postula en sus planes de gobierno la derogación o reestructuración integral del Reinfo.
Los especialistas señalan que el debate técnico para la región La Libertad debe priorizar el establecimiento de plazos definitivos de formalización, la fiscalización del origen del material aurífero y el despliegue permanente de destacamentos policiales y militares en los corredores mineros de las provincias de Pataz y Santiago de Chuco, factores indispensables para frenar el declive de la seguridad, mitigar la degradación de los ecosistemas y preservar la competitividad económica del norte del país.
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