Conoce más sobre esta iniciativa legislativa.
El Ejecutivo presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que busca garantizar el debido proceso durante el desarrollo de un juicio y antejuicio político. ¿En qué consiste esta iniciativa?
El proyecto, precisa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, propone modificar con ese fin los artículos 99 y 100 de la Constitución Política.
Para el caso del antejuicio político, plantea que el Congreso ya no determine si hay mérito o no para que una denuncia sea vista por la justicia penal.
Además, considera la formación de una comisión especial integrada por tres jueces o juezas que determinarán si hay mérito o no para la causa penal.
Los miembros de dicha comisión no participarán en ninguna etapa posterior del proceso penal, y en caso haya lugar a una causa penal esta será remitida a la Fiscalía de la Nación para formalizar la investigación penal respectiva.
Juicio político
Respecto a este punto, el proyecto considera que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso comunique claramente al alto funcionario acusado los hechos de la infracción constitucional.
Quienes integren la subcomisión no podrán ser parte de la Comisión Permanente.
Además, se plantea que el alto funcionario tiene derecho al debido proceso durante todo el trámite.
Sobre el tema, el ministro Félix Chero señaló que no se puede permitir que los mecanismos constitucionales sean usados para venganzas y persecuciones.
«Por ello, en aras de garantizar el debido proceso, hemos presentado una iniciativa legislativa que busca regular adecuadamente la ejecución del juicio y antejuicio político», escribió en su cuenta en Twitter.
¿Qué son el antejuicio y juicio político?
El antejuicio político es un mecanismo de protección ante acusaciones por delitos de función que se brinda a altos funcionarios. El Congreso genera una acusación y el pleno determinar si serán procesados o no; se trata de un paso previo al juzgamiento, recuerda el Ministerio de Justicia.
Por su parte, el juicio político constituye un procedimiento de control y de contenido político, seguido ante el Congreso, el cual tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas.
Fuente: Agencia Andina
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