El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que, en lo que va del proceso para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, se han registrado 83 incidentes de amenazas, extorsiones y agresiones directas contra actores políticos en 21 regiones del país. Los datos consignan reportes oficializados hasta el 25 de septiembre.
Según la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra Miranda, el mapa de conflictividad electoral coincide con los índices de criminalidad en diversas jurisdicciones. La funcionaria alertó sobre un preocupante repunte en el tramo final de la contienda, contabilizándose 23 acciones violentas en un periodo de solo nueve días.
El reporte institucional ubica la mayor concentración de amedrentamientos y atentados en cinco departamentos clave:
Lima: 21 casos
La Libertad: 16 casos
Áncash: 7 casos
Junín: 7 casos
Cajamarca: 5 casos
El resto de casos se distribuye entre Piura (4); Ica, Callao y Ayacucho (3 cada uno); San Martín y Huánuco (2 cada uno); y una incidencia registrada en Huancavelica, Moquegua, Puno, Tumbes, Lambayeque, Ucayali, Apurímac, Arequipa y Amazonas.
Dentro del monitoreo permanente, el JNE realiza el seguimiento de las investigaciones fiscales en torno al asesinato de Susy Isabel Aponte Polo («La China Polo»), periodista y candidata a la gobernación regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. El organismo electoral expresó su condena institucional ante el crimen perpetrado a plena luz del día en un acto público y exigió que el hecho no quede impune.
Frente a la vulnerabilidad de los casi 97 000 candidatos inscritos a nivel nacional, y con miras a los mítines de cierre de campaña programados hasta el 1 de octubre a las 23:59 horas, el JNE habilitó en su plataforma web y remitió a los personeros legales de las agrupaciones un manual de pautas de seguridad.
El documento precisa que los representantes de cada partido deben solicitar formalmente las garantías de orden público mediante declaración jurada, tramitada ante la Dirección General de Gobierno del Interior en Lima y Callao, o ante las prefecturas en provincias, con el fin de asegurar el despliegue de efectivos de la Policía Nacional del Perú en los eventos masivos.
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