La Comisión de Fiscalización y Contraloría pedirá al Pleno el otorgamiento de facultades de comisión investigadora por 120 días para indagar sobre el contrato de publicidad por un millón de dólares firmado con la empresa Sony Music Entertainment Colombia S.A. por parte de PromPerú.
Así lo aprobó en amplia mayoría -con la sola excepción de la congresista oficialista Ana María Choquehuanca- el grupo de trabajo parlamentario que preside Luis López Vilela (FP) después de escuchar a la directora de Comunicaciones e Imagen País de esa entidad pública, Isabella Falco Scheuch.
“Realmente los congresistas estamos indignados. No ha satisfecho en nada las respuestas de la directora de PromPeru y las varias que no han tenido cclaridad”, expresó López Vilela, quien indicó que habría la posibilidad de varios ilícitos legales.
Entre ellos citó el incumplimiento del Decreto Supremo N° 056-2017 del Ministerio de Economía y Finanzas, que establece que un contrato con empresa extranjera debe tener una homologación y que, aparentemente, no existe otra resolución que la exonere.
Durante la sesión la congresista Yeni Vilcatoma (FP) cuestionó el accionar de las autoridades de PromPeru y anunció la presentación de una denuncia penal por la presunción de ilícitos penales de corrupción agravada. “Todo lo que se ha dicho es humo. Ya los especialistas han señalado que ha habido sobrevaloración y eso significa que solo se están utilizando pretextos para robar al Estado”, sentenció.
La parlamentaria llamó la atención de por qué se hizo contrato con Sony en Colombia si existe una en el Perú, por qué las imágenes son solo de Lima si hay destinos atractivos turísticos en todo el país, cuándo y cómo recibió la propuesta de la empresa musical, qué estudios de mercado se hicieron, por qué fue el cantante Carlos Vives el elegido, entre otras preguntas.
Sus compañeros de bancada Juan Carlo Yuyes y Carlos Domínguez coincidieron con ella y reclamaron cómo sacaron las cuentas del impacto económico que se obtendría y por qué no se optó por intérpretes peruanos, respectivamente. Fue Domínguez quien propuso pedir facultades de comisión investigadora a la que se sumó Vilcatoma.
LA VICTORIA
En una maratónica jornada de más de cuatro horas, también fue visto el caso de organización criminal “Los Intocables Ediles” y las acciones respecto a los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) presuntamente implicados. El comandante General de la PNP, Richard Zubiate Talledo informó que el mega operativo realizado el 3 de agosto de este año resultó con 23 personas detenidas, 51 inmuebles intervenidos e incautados cuatro pistolas y un revolver, 184 mil 322 soles y cinco mil 148 dólares.
Asimismo, el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía Suprema del Fuero Militar Policial de cinco generales de la PNP por presuntamente haber favorecido o encubierto a los mafiosos del distrito y por delito de desobediencia.
En torno a la muerte del estudiante Jorge Sarango Ramos y un herido grave, Cedric Adrián Crisanto Huancas, producto de un choque múltiple que habría sido ocasionado por una unidad policial, sostuvo que fue un accidente y negó que hay sido un acto provocado.
Dijo que el personal se encuentra con cese o separado del cargo y que el accidente viene siendo investigado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura.
Un tercer tema por el que respondió fue sobre el presunto nombramiento irregular del coronel Pompeyo Sánchez Tapia en el cargo de jefe de la región policial de Piura. Zubiate Tello señaló que su designación se hizo por cumplir con los requisitos en el nombramiento temporal en el cargo.
ÁNCASH
Finalmente, la comisión aprobó en forma unánime el informe final del grupo de trabajo, que encabezó el congresista Domínguez Herrera, encargado de investigar y determinar sobre los presuntos delitos de corrupción del Gobierno Regional de Áncash.
Una de las conclusiones señala que se presume el perjuicio económico para el Estado por cuestionadas contrataciones por más de siete millones de soles y otros siete millones más al ejecutar acciones frente a situación de emergencia por los desastres provocados por el Niño Costero.
El ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, quien no se presentó a la sesión, pidió ser reprogramado para informar sobre el caso del coronel Pompeyo Sánchez Tapia.
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