El Grupo de Trabajo que analiza el Decreto de Urgencia 007-2019, que “declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad”, concluyó esta mañana que el citado dispositivo es constitucional en parte, estableció una serie de sugerencias y modificaciones a su informe preliminar y, finalmente, lo aprobó por seis votos contra uno.
Milagros Salazar, coordinadora del grupo, sostuvo que a pesar de que el DU solo es en parte constitucional, establece disposiciones que contribuyen con la protección del derecho a la salud con un mejor acceso a los medicamentos y dispositivos utilizados para mejorar la salud y prevenir su deterioro; y se coincide con los proyectos propuestos por congresistas de diversas bancadas en la Comisión de Salud en el presente periodo parlamentario, antes del 30 de setiembre.
Sin embargo, indicó, las medidas siguen siendo insuficientes y contrarias a las expectativas que genera el título del DU, porque solo se tratan los temas tangencialmente, y no de una manera integral, como suele suceder en un debate que respete los debidos procedimientos parlamentarios en las comisiones ordinarias, y una votación consensuada en el Congreso de la República.
Seguidamente, señaló que el régimen sancionador propuesto por el DU subestima el nivel de actividad y escala de los establecimientos farmacéuticos, porque no reconoce la diversidad de los mismos, por lo que resulta pertinente revisar el régimen de multas y reevaluar la gradualidad normativa, teniendo en cuenta el volumen de venta.
Precisamente, sobre dicho punto, el congresista Rolando Reátegui, propuso que la sanción monetaria establecida para las pequeñas farmacias (por no contar con el listado completo de genéricos) debía reducirse aún más, incluso, hasta un diez por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), hecho que se incluirá en la primera recomendación, cual es sustituir la cuarta modificación final complementaria del DU.
Una conclusión adicional establece que el DU debe incorporar a los químicos farmacéuticos en el rol de guiar a los pacientes en las alternativas de la prescripción de los medicamentos sin alterar la base genérica, hecho que fue observado por la congresista Rosa Bartra, puesto que ya se encuentra estipulado en la ley general de Salud, y además se le confiere una responsabilidad que no es tal.
También es necesario, concluye el informe preliminar, que la legislación tome medidas para evitar que las empresas farmacéuticas y/o farmacias, otorguen beneficios de índole económica a los profesionales de la salud para que prescriban determinados productos de marca.
En el debate, se aceptaron las propuestas y sugerencias de los congresistas Justiniano Apaza, quien enfatizó el hecho de que con esta medida el Estado abandona su rol de protección al ciudadano con el traslado de un stock de medicamentos al sector privado; e Indira Huilca, quien se pronunció a favor de retirar algunos párrafos que ya se precisan en el reglamento del DU, e incidió en que el rol de la protección de la salud es del Estado, así como de mantener un rol regulador en situaciones donde el sector privado puede causar problemas a los derechos de las personas.
El informe fue aprobado por seis votos contra uno, el de la congresista Rosa Bartra, quien sostuvo que el DU 007 no cumple con el requisito constitucional de la transitoriedad para calificar.
El grupo contó con la participación de Milagros Salazar Rosa Bartra, Luciana León, Rolando Reátegui, Justiniano Apaza, Indira Huilca y Lizbeth Robles. No estuvieron presentes los parlamentarios Héctor Becerril y Gino Costa, debido a licencias solicitadas.
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