El 20° informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú señala que desde el 2014 había alrededor de 210 conflictos sociales registrados mensualmente en el país, pero en marzo del presente año empieza un descenso sostenido del número de los mismos. De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo a junio, hay un total de 177 conflictos en el país, descenso que se debería principalmente al fenómeno climático del “Niño Costero” y la emergencia declarada en gran parte del territorio del país, hecho que marcó la agenda de los primeros meses del año en las regiones. Otro factor es la tendencia a una menor inversión en sectores como el minero, además de las variables internacionales como la baja del precio de los metales.
El informe alerta que hay un claro debilitamiento de las normas ambientales en el país. Por ejemplo, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Minam ha tenido un serio retroceso: el sector ha perdido rectoría en un tema clave como es el ordenamiento territorial. Además, mediante Decreto Supremo el Minam modificó los Estándares de Calidad Ambiental de aire vigentes a nivel nacional, debilitando las normas de calidad ambiental, generando preocupación en torno al parámetro de dióxido de azufre, un tema estrechamente vinculado al caso de la fundición de La Oroya.
Respecto a los conflictos mineros el informe OCM señala que la región Apurímac, donde se encuentra el mega proyecto Las Bambas, ha cedido el primer lugar a la región Ancash, que ha pasado en los últimos meses a convertirse en la región con el mayor número de conflictos, principalmente vinculados a la minería. Por otra parte esta región ha sido desplazada al tercer lugar en cuanto a la producción de cobre, luego de Arequipa y Apurímac, debido al fenómeno del Niño Costero y a que sus principales operaciones ya han alcanzado sus máximos niveles de producción, por ejemplo la unidad Pierina de Barrick se encuentra en proceso de cierre a causa del agotamiento de sus reservas de mineral.
“En el último semestre del año los conflictos laborales en el sector minero han predominado”, dijo José de Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
Afirma el informe que Piura es una región con problemas serios debido la minería ilegal, y que una evidencia de la ilegalidad de estas actividades es que la región no aparece en las estadísticas oficiales del Ministerio de Energía y Minas como región productora de oro a nivel nacional. En cuanto a los conflictos sociales, ocupa el sexto lugar, con un promedio mensual de 14 conflictos, vinculados con casos como Tambogrande y el proyecto Río Blanco, ex Majaz.
Mientras Cajamarca ocupa el quinto lugar en cuanto a conflictos sociales, con doce casos. Un tema preocupante en esta región es la criminalización de la protesta a líderes sociales y ambientales, como es el caso de Máxima Acuña. Hasta el momento no existe un mecanismo eficiente del Estado que pueda responder a los riesgos reales que los defensores ambientales enfrentan. Siendo que desde el Ministerio de Justicia existe una iniciativa para la elaboración de un protocolo de atención para defensores; sin embargo hasta la fecha no se ha concretado.
Mirtha Vásquez, directora de Grufides señala que han habito cerca a cien dirigentes ambientales en Cajamarca que han sido denunciados, y que los procesos judiciales han durado entre cuatro y seis años, este año han sido archivados y absueltos la mayoría de ellos.
Sobre el caso La Oroya, mediante Decreto Supremo (003-2017-Minam) se ha debilitado las normas de calidad ambiental. Con esta norma se modificó el ECA del dióxido de azufre (SO2), pasando de 80 y 20 ug/m3 para 24 horas a 250 ug/m3 para 24 horas. El incremento del valor de concentración de este parámetro estaría orientado a favorecer al nuevo operador del Complejo Metalúrgico La Oroya.
El sur lidera la inversión minera
En los últimos años en la zona sur del país ha venido concentrando los mayores montos de inversión en proyectos mineros: 33%. La entrada en producción de proyectos como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Constancia, Antapaccay, entre otros, confirman esta tendencia, y varias regiones de esta zona del país encabezan el salto productivo que se viene produciendo en el caso del cobre.
El informe destaca además la diferencia en el número de conflictos entre la zona sur (33%) y norte (31%), mientras que la zona centro y las regiones amazónicas tienen una menor participación (21% y 12% respectivamente), siendo los socioambientales los más numerosos (75.2%), y dentro de ellos destacan los conflictos mineros: 65.9%.
De acuerdo a la sistematización de información que realiza el OCM con información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el 13.75% del territorio nacional se encuentra concesionado a la actividad minera, “son cuatro años de caída sostenida de las concesiones”, afirma De Echave. Las regiones con mayor territorio concesionado: Moquegua (47%), La Libertad (46%) y Apurímac (46%); el 75.32% de las concesiones mineras se encuentran tituladas, mientras el 24.68% se encuentra en trámite.
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