La Arquidiócesis de México se expresó contra la consulta de contar con un mando mixto a través de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que ésta “parece legalizar la presencia de elementos castrenses en las calles”.
En su editorial del semanario Desde la Fe “Seguridad Interior” se señaló que la Ley de Seguridad Interior nada debe darse “por sentado o por libre interpretación” y se debe cubrir cualquier “laguna”, pero sobre todo no se debe dejar “al arbitrio discrecional de gobernantes a los que se ha probado nula capacidad para resolver problemas y más bien fueron aliados de grupos criminales”.
Reconoce que la presencia de las fuerzas armadas en las calles aminoró “un camino hacia el desastre”, sin embrago, es urgente que en la legislación se tenga como eje rector el respeto total de los derechos humanos de los ciudadanos que buscan vivir en paz; además se destacó en la necesidad de una legislación efectiva que dote a las fuerzas de tecnología y profesionalización.
De igual forma, destaca que las fuerzas armadas gozan de mayor credibilidad entre todas las instituciones del país; sin embargo, “el desgaste de los elementos castrenses incide en esta pretendida eficacia de una guerra que debe combatirse a través de otros elementos debidamente calificados. En esto es urgente un modelo efectivo de mando policial paralizado en el Congreso de la Unión y que se quiere llevar, de manera artificiosa, a una consulta popular en 2018”, apunta el editorial.
Hace hincapié en que las estrategias de seguridad son cuestionadas por el alto costo que significa para la sociedad en general en tanto aumentan los delitos de alto impacto. Señalan que en el informe de índice de Paz Global 2016, del Instituto para la Economía y la Paz, la guerra contra el crimen costó a cada mexicano cerca de 17 mil pesos, y en ese mismo año, 2.2 billones de pesos fueron invertidos al respecto, representando el 13 por ciento del PIB nacional.
El mismo documento afirma que “desde que la violencia comenzó a escalar en 2007, dicho gasto se ha incrementado a una tasa promedio de 12 por ciento anual. Esta tasa es mayor que el aumento promedio del gasto total del gobierno, que creció 9 por ciento en el mismo periodo.
Subraya que una década después, “las actividades de las fuerzas armadas en el país no tenían salida satisfactoria para que nuestros soldados cumplieran sus funciones legales y de protección a la población en materia de seguridad pública”; y que poco a poco asumieron roles que en su momento la autoridad civil ejercía, “desplazándola ante irregularidades o casos de corrupción”. Un primer paso se consumó cuando las capitanías de puertos fueron encargadas a la Marina armada.
Apuntan que hace 11 años el Ejército y Marina armada se vieron comprometidos con el combate al crimen, en medio de lo que calificaron como “una progresiva escalada de violencia” en diversas partes del país; situación en la que “los enemigos de México se habían hecho del control de comunidades y municipios enteros”; en donde señalan que candidatos “iban y venían por voluntad de capos y mafiosos y la economía de lugares estratégicos pasaba por la fiscalización del narco, que controlaban importaciones hasta las importaciones en puertos.
“La corrupción, madre de todos los vicios, engendró ese monstruo que se comió a los cuerpos policiales; nada escapó a su poder y malignidad”.
Por lo que reitera que Ley de Seguridad Interior debe contar con un eje rector con respeto total de los derechos humanos de los ciudadanos, “ese es el mejor deseo de Navidad”, finalizó el mensaje del editorial.
(Fuente: Nodal)
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