Adolescente denunció ataque con carbón caliente tras no poder concretar el pago por Yape.
El Poder Judicial del departamento de Huancavelica dispuso siete meses de prisión preventiva contra dos personas investigadas por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en agravio de un adolescente de 17 años.
Los imputados son el propietario de un establecimiento comercial, Yuri Morales Urichaci, y el empleado Jorge Iván Valladolid Apari, mientras que un tercer implicado, Ronald Efraín Asto, permanece en condición de prófugo.
La medida coercitiva responde a una denuncia por agresión física grave y tortura con carbón encendido, presuntamente perpetrada luego de que el menor manifestara la imposibilidad técnica de cancelar un consumo valorizado en S/12 debido al apagado imprevisto de su dispositivo móvil.
De acuerdo con el testimonio de los familiares y los actuados de la investigación preliminar, el menor acudió al restaurante para consumir alimentos y, al momento de efectuar el pago mediante una plataforma de transferencia digital (Yape), su teléfono celular quedó sin batería.
Ante el inconveniente, el adolescente propuso a los dependientes dejar el equipo telefónico en custodia temporal como garantía mientras se trasladaba a su domicilio, ubicado a una cuadra del local, para recabar el dinero en efectivo.
La propuesta fue rechazada por el personal del establecimiento, iniciándose una agresión física grupal que culminó con el uso de material incandescente extraído del área de cocina para causarle quemaduras directas en la cavidad bucal y la región facial.
Consecuencias en el estado de salud y traslado médico a Huancayo
La madre de la víctima, Janet Aguilar Matamoros, detalló que el estado clínico del menor es reservado y que actualmente presenta un impedimento severo para la ingesta de alimentos sólidos, requiriendo un régimen de nutrición asistida por vía líquida. Asimismo, reportó que el agraviado, quien cursa el cuarto año de educación secundaria, debió suspender sus actividades escolares debido al impacto traumático y el compromiso psicológico derivado del suceso.
Frente a la complejidad de las lesiones estructurales, el adolescente fue trasladado a la ciudad de Huancayo con la finalidad de ser evaluado por especialistas en cirugía reconstructiva. Aunque los deudos señalaron que la administración del negocio ofreció inicialmente solventar parte del tratamiento, denunciaron la existencia de dilaciones y descoordinaciones en la programación de las consultas médicas de alta especialidad.
Intervención sectorial y estatus del proceso judicial
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tomó conocimiento del caso y estableció canales de comunicación con la familia afectada para brindar asistencia psicológica, legal y social integral a través de sus equipos sectoriales.
La orden de prisión preventiva emitida por el órgano jurisdiccional busca asegurar la permanencia de los procesados en el territorio nacional y evitar acciones que obstaculicen la recopilación de evidencias por parte del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional del Perú continúa las labores de búsqueda para la captura del tercer involucrado en los hechos.
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