Red de extorsión desarticulada: Entre los 27 detenidos está la madre de Erick Moreno, quien gestionaba el blanqueo de ganancias en Perú y el extranjero.
La reciente operación policial asestó un duro golpe a la organización criminal de Erick Moreno Hernández, alias «Monstruo», con la detención de 27 de sus integrantes. Entre los arrestados destaca la figura del suboficial de la PNP Georgi Araujo Alva, quien se le acusa de proveer armamento e información confidencial a la banda, evidenciando el nivel de infiltración alcanzado por esta red delictiva.
El grueso de los detenidos estaba directamente implicado en el complejo esquema de recaudación y blanqueo de dinero producto de las extorsiones a comerciantes y empresas de transporte público. En este grupo se incluye a Martina Hernández de la Cruz, madre de «Monstruo», hallada en posesión de explosivos y señalada como una pieza clave en el manejo de las finanzas de la organización. Su rol era acopiar el dinero y transferirlo a diversas cuentas tanto en Perú como en el extranjero, utilizando una red de cómplices que, en muchos casos, eran parte de su círculo familiar.
El operativo, liderado por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, reveló en detalle el sofisticado mecanismo de «Monstruo» para sacar sus ganancias del país. Durante los allanamientos a las viviendas de los implicados, se incautaron agendas y manuscritos con números telefónicos internacionales y números de cuenta bancarias en el extranjero, pruebas que confirman la magnitud transnacional de sus operaciones.
La contundencia de la evidencia presentada por el fiscal Velásquez fue fundamental para que el magistrado Roberto Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, emitiera los mandatos de detención. Un elemento clave en la investigación fue la infiltración de un agente encubierto en la banda de «Monstruo», quien logró identificar a numerosos miembros de la organización, facilitando las detenciones, muchas de ellas en flagrancia. Este éxito operativo subraya la efectividad de las autoridades en desmantelar una de las redes criminales más activas de la región.
La investigación del fiscal Edwin Velásquez ha revelado la brutalidad con la que operaba la banda de «Monstruo», evidenciada en los mensajes de texto cargados de amenazas explícitas. Estos mensajes no solo exigían grandes sumas de dinero, sino que también nombraban a los hijos de las víctimas, prometiendo asesinarlos uno por uno si no cumplían con sus exigencias. El lenguaje vulgar y las frases incoherentes en estas comunicaciones no dejan duda del desprecio por la vida y la única obsesión por el dinero que caracteriza a los criminales bajo el mando de «Monstruo».
En una alarmante traición a su juramento, el suboficial de la PNP Georgi Araujo Alva se involucró directamente con esta escoria, poniéndose a disposición de «Monstruo», uno de los cabecillas más feroces y malvados de la última década en Perú. Nacido el 3 de julio de 1996 en Lima, Araujo, con diez años de servicio en la Policía Nacional y perteneciente a la Promoción Disciplina 2015, trabajaba en la Armería de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Asalto de la Séptima Región Policial Lima. Su función principal era el mantenimiento y la distribución de revólveres, pistolas y fusiles asignados a su unidad, lo que le daba un acceso privilegiado a un arsenal.
Su rol dentro de la mafia de «Monstruo» era crucial. Araujo tenía la capacidad de disponer de armamento policial según las necesidades de la banda, incluso para ejecutar asesinatos de empresarios o conductores de transporte público que se negaban a pagar los «cupos». La tesis del fiscal Velásquez va más allá: Araujo no solo abastecía de armas, sino que también filtraba información clasificada sobre los operativos y seguimientos que sus propios compañeros realizaban contra los integrantes de la organización. Un oficial de inteligencia que conoce el caso lo describió sin rodeos: «Hacía el papel de ‘rata’. Era un infiltrado. Todo lo que se enteraba lo informaba directamente a sus cómplices de la organización de Monstruo, sin importarle la vida de sus colegas».
Durante el megaoperativo, Araujo intentó desesperadamente evadir la justicia. Arrojó un revólver y un celular por la ventana de su casa en Comas y trató de escapar, pero fue rápidamente capturado por sus propios colegas. A pesar de que la policía le incautó una gran cantidad de municiones en su habitación y halló una fotografía con el celular, el suboficial alegó en su defensa que ni el arma ni el teléfono le pertenecían.
Tres testigos protegidos han corroborado cómo «Monstruo», operando desde la clandestinidad junto a los integrantes de la organización «Los Injertos del Norte», aterrorizaba a transportistas, colectiveros y empresarios del cono norte de Lima, abarcando distritos como Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Ancón. Las amenazas de muerte eran la constante si no accedían a sus exigencias de grandes sumas de dinero a cambio de su vida y la de sus familiares.
Los «cupos» eran cobrados a través de un sistema de presión constante: llamadas telefónicas, mensajes, audios o videos enviados a sus víctimas. La banda no dudaba en intensificar su violencia si no obtenían respuesta. Detonaban artefactos explosivos en las puertas de las casas o negocios como advertencia, y si la resistencia persistía, procedían a los asesinatos.
El fiscal Edwin Velásquez detalló a La República que «Monstruo» obligaba especialmente a los colectiveros a pagar «cupos» semanales. Si se negaban, sus sicarios iniciaban un seguimiento implacable no solo a la víctima, sino a toda su familia, con el objetivo de ejecutarlos como represalia. Estas acciones eran grabadas y subidas a redes sociales, buscando consolidar su poder y control sobre la hegemonía en la zona. Un claro ejemplo de esta brutalidad ocurrió el 22 de septiembre de 2024, cuando River Silva Ortiz, presidente de los colectiveros de Puente Ancón, fue atacado. Nixon Castillo Noriega, sicario de «Monstruo», le disparó haciéndose pasar por pasajero porque Silva se negó a pagar S/40 semanales. Milagrosamente, la víctima sobrevivió.
En este desmantelamiento, las autoridades también destacaron la captura de Shirley Pajuelo Evangelista, quien fungía como la «cajera» de «Monstruo». Los testigos protegidos la señalaron como la responsable de la compleja red de distribución de los fondos extorsionados. Ella conocía los nombres de los titulares de las cuentas clandestinas, tanto en Perú como en el extranjero, gestionando virtualmente todas las finanzas de la organización.
Precisamente, otra de las razones clave para la detención de Martina Hernández de la Cruz, madre del prófugo cabecilla de «Los Injertos del Norte», fue la detección de transacciones de dinero a su nombre en Bolivia. Estas operaciones bancarias coincidían con el periodo en que su hijo se encontraba oculto en dicho país, lo que demuestra su conexión permanente con «Monstruo» y el flujo de su dinero ilícito.
El megaoperativo: Desarticulando la red criminal
El megaoperativo, que abarcó Lima e Ica, contó con la participación de doscientos agentes de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divincco), la División de Investigación de Secuestros (Divise) y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). Además de las detenciones en flagrancia, se allanaron las celdas de cuatro reclusos en los penales de Lurigancho, Chorrillos y Huaral. Estos presos, identificados como Gian Flores Huánuco, Claren Bados Neyra, Gian Bielich Yucra y William Bados Herbozo, también estaban conectados con la banda de «Monstruo», enviando mensajes extorsivos a las víctimas.
La magnitud de las amenazas queda patente en uno de los mensajes interceptados: «Alinéate, Raúl, lo de hoy con tu hermana solo fue una advertencia. Lo que te pedimos es por tu seguridad y la de tus hijos, hermanas y resto de familia. Te pedimos S/500,000, de lo contrario te dejamos un cadáver en la puerta de tu casa y doblamos el monto.»
Este contundente operativo ha desarticulado una de las redes criminales más peligrosas y violentas, enviando un mensaje claro sobre la determinación de las autoridades en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado en el país.
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