La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha expresado su rechazo al Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, que reglamenta la Ley N.º 32213 sobre la formalización minera.
Los gobiernos regionales critican que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) haya incluido la figura de la «transmisión sucesoria» en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) sin consultar a las autoridades subnacionales, consolidando lo que consideran un enfoque centralista y unilateral.
La ANGR advierte que la posibilidad de heredar la titularidad de una operación minera informal «abre la puerta a distorsiones y a una nueva ola de informalidades», desvirtuando el proceso de formalización. Además, señala que la elaboración y publicación de la norma no ha sido consensuada con los gobiernos regionales, lo que vulnera el proceso de descentralización garantizado por la Constitución.
En ese sentido, la ANGR exige la inmediata eliminación de la «transmisión sucesoria» en el REINFO y solicita que se restituya el liderazgo de los gobiernos regionales en la gestión minera, fortaleciendo sus capacidades técnicas y económicas. Asimismo, invoca al Poder Ejecutivo a diseñar una estrategia efectiva de seguridad para instaurar el orden y contrarrestar la delincuencia y el crimen organizado infiltrado en el sector minero.
El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, también ha calificado de «inaceptable» que el Ejecutivo permita la herencia del REINFO, argumentando que esta disposición perpetúa un «círculo vicioso» de informalidad que lleva más de 13 años en marcha. Soto sostiene que el Ejecutivo ha violado el marco legal al incluir una figura no contemplada por la ley aprobada por el Congreso.
Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha advertido que, al cierre de 2025, las exportaciones de oro ilegal podrían superar los US$12.000 millones, un 60% más que en 2024. El IPE señala que el REINFO ha sido un «manto de legalidad» que ha permitido la expansión de la minería ilegal y que ahora ese manto se podría heredar, lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de la minería formal en el país.
La controversia en torno al reglamento del REINFO refleja las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos regionales en torno a la gestión de la minería informal y la necesidad de avanzar hacia un proceso de formalización que respete la autonomía regional y garantice la sostenibilidad del sector.
