La medida de emergencia también se aplicará en distritos de Ayacucho, Áncash, Cusco, Lima y Ucayali.
El Gobierno peruano ha prorrogado por 60 días calendario el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, abarcando también los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía. Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo 070-2025-PCM y publicada en el Diario Oficial El Peruano, entrará en vigencia a partir del 30 de mayo de 2025.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La prórroga implica la restricción o suspensión de derechos constitucionales como la libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. El objetivo principal de esta extensión es garantizar la continuidad de las acciones para mantener el orden interno y proteger los derechos fundamentales de la población a lo largo de este corredor vial estratégico.
Además de la medida en el Corredor Vial Sur, el Gobierno también ha ampliado por 60 días calendario el estado de emergencia en los distritos de Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena, ubicados en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, a partir del 4 de junio de 2025. Esta decisión, oficializada por el Decreto Supremo 071-2025-PCM, también establece que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mantendrá el control del orden. En este caso, se restringen los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, conforme a la Constitución.
Finalmente, el Poder Ejecutivo ha prorrogado el estado de emergencia por 30 días calendario, a partir del 4 de junio de 2025, en varios distritos de Áncash, Ayacucho, Cusco, Lima y Ucayali debido a los daños causados por intensas precipitaciones pluviales. El Decreto Supremo 072-2025-PCM oficializa esta medida, con el fin de continuar con la ejecución de acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación. Los gobiernos regionales y locales involucrados, junto con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y diversos ministerios, coordinarán las acciones de excepción, las cuales podrán ser modificadas según las necesidades y estudios técnicos pertinentes.
