El Poder Ejecutivo formalizó, a través del Decreto Supremo N.º 127-2026-PCM, la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031, bajo el lema “Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados”. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó que el documento constituye la hoja de ruta orientadora para acortar las brechas sociales y garantizar los derechos fundamentales de la población durante el quinquenio.
El instrumento de planificación estratégica articula sus acciones en torno a cinco pilares prioritarios:
- Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen: Centrado en mitigar los delitos violentos, la extorsión y el crimen organizado, optimizar el acceso a la justicia y recuperar áreas impactadas por economías ilegales.
- Gestión del riesgo de desastres y cambio climático: Orientado a la ordenación territorial según niveles de peligro, la mejora de la respuesta ante emergencias y la adaptación del aparato productivo.
- Desarrollo humano y servicios básicos: Focalizado en la atención de salud materno-infantil y adulto mayor, el fortalecimiento de la calidad educativa, la seguridad alimentaria y la reducción de la informalidad laboral.
- Productividad, empleo formal e inversiones: Dirigido a elevar la competitividad de las micro y pequeñas empresas (Mypes), garantizar la seguridad jurídica, impulsar el comercio exterior y cerrar brechas de infraestructura de conectividad.
- Gobernabilidad democrática y diálogo social: Enfocado en la rendición de cuentas institucional, la prevención de conflictos sociales, el fortalecimiento de la seguridad social y la articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado.
La oficialización del dispositivo se produce tras la exposición de los lineamientos realizada el pasado 20 de agosto por el jefe del gabinete ministerial ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República, donde ratificó el compromiso institucional de ejecutar reformas estructurales orientadas a optimizar la eficiencia del aparato estatal.
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