Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro, informó que 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos vinculados a actos de corrupción durante los primeros dos años de la actual administración federal. Asimismo, la funcionaria destacó que las estrategias de prevención han permitido proteger 83.8 mil millones de pesos del erario público.
Sanciones administrativas e irregularidades detectadas
En el ámbito administrativo, las autoridades sancionaron a 4 193 funcionarios públicos, de los cuales 3 528 correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas de carácter grave. Entre las infracciones más recurrentes figuran la autorización de pagos indebidos, la sustracción de información confidencial, la compra injustificada de bienes o servicios no entregados, la falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.
Adicionalmente, se remitieron 1 737 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde 87 servidores ya cuentan con sanción notificada y 1 650 procesos permanecen en trámite.
Inhabilitaciones a particulares y denuncias penales
En lo relativo a personas morales, la SABG sancionó a 286 empresas privadas, aplicando inhabilitaciones y multas que suman 147.3 millones de pesos. Las faltas más comunes cometidas por particulares incluyen la presentación de documentación falsa, el incumplimiento de entregas contractuales, la simulación de capacidad técnica y la omisión de conflictos de interés. A esto se suman 118.5 millones de pesos en sanciones impuestas a 51 entes por el uso indebido de datos personales.
Por la vía penal, se han interpuesto 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
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