La reforma actualiza el reglamento vigente según la Ley N.º 31778, ajustando la autonomía institucional en el nombramiento de procuradores.
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 005-2026-JUS, que modifica el reglamento de la defensa jurídica del Estado para adecuarlo a la Ley N.º 31778. Esta normativa redefine la autonomía de diversas instituciones en la designación de sus procuradores públicos, ajustando la relación operativa entre los organismos autónomos y la Procuraduría General del Estado (PGE).
Autonomía en la selección de procuradores
El eje central de la reforma reconoce la facultad del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos para conducir sus propios procesos de selección de procuradores. Bajo este nuevo marco, dichas entidades asumen un rol directo en la elección de sus abogados, aunque deben respetar estrictamente los requisitos legales de idoneidad y perfil profesional ya establecidos en la normativa nacional.
Pese a la autonomía otorgada para la selección, la Procuraduría General del Estado mantiene su rol como ente rector del sistema. La designación formal de cada procurador seguirá realizándose mediante resolución del Procurador General, quien conserva la facultad de disponer ceses bajo las causales previstas en la ley.
De esta manera, los procuradores mantendrán una dependencia administrativa de su institución de origen, pero una dependencia funcional de las directrices de la PGE.
Rol estratégico de la PGE
La Procuraduría General del Estado se consolida como la entidad encargada de fijar los lineamientos técnicos y supervisar el desempeño de la defensa legal en todos los niveles de gobierno. El objetivo de la norma es evitar una defensa dispersa o contradictoria, promoviendo una estrategia jurídica coherente y especializada tanto en fueros nacionales como en instancias internacionales.
Objetivos de la modernización
Con la implementación de este decreto, el Ejecutivo busca armonizar la independencia de los poderes del Estado con la necesidad de un sistema de justicia unificado. La reforma apunta a fortalecer la capacidad de respuesta estatal frente a conflictos legales complejos, garantizando que la autonomía institucional no comprometa la solidez técnica ni los criterios comunes que rigen la protección de los intereses del país.
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