El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, expuso ante el Congreso la política general de Gobierno, delineando las principales iniciativas de su gestión y solicitando el voto de confianza.
Uno de los anuncios clave de Arana fue la propuesta de crear una comisión multisectorial —integrada por representantes del Ejecutivo, Legislativo, sociedad civil, academia y organismos competentes— para evaluar la permanencia de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
«Como demócrata, propongo la creación de una comisión para evaluar y proponer una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema», afirmó Arana. Aunque la decisión constitucionalmente recae en el Ejecutivo, el titular de la PCM enfatizó la necesidad de abordar este tema con apertura y diálogo plural.
Lucha frontal contra la criminalidad y fortalecimiento del Estado de derecho
Arana reafirmó el compromiso del Ejecutivo de luchar sin tregua contra la delincuencia organizada. «No se impondrá la criminalidad. Aquí prevalecerá el Estado de derecho, la fuerza de las instituciones y la voluntad de los peruanos de vivir en orden y en paz», sentenció.
En esta línea, destacó el fortalecimiento de las labores de inteligencia y contrainteligencia policial para desarticular redes criminales. La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya trabaja en el congelamiento de fondos y activos vinculados a delitos como la extorsión.
El Gabinete también anunció una próxima propuesta normativa (en el tercer trimestre de este año) para que el dinero incautado a la criminalidad se destine directamente a la Policía, para uso exclusivo en la lucha contra este flagelo. Además, como parte del «Plan Estratégico de Modernización, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la Policía Nacional del Perú», en 60 días se contará con equipos de geolocalización para ubicar con precisión a criminales que intenten extorsionar.
Control migratorio e incremento de la presencia policial
El Gobierno planea ejecutar más de 3,500 operativos de verificación y fiscalización migratoria hasta diciembre de 2025 para identificar a extranjeros en situación irregular. Para el segundo semestre del año, se presentará una propuesta normativa para crear lugares de estancia temporal para migrantes irregulares, buscando un control migratorio efectivo.
Para aumentar la presencia policial en las calles, se anunció el «Plan Celador», que incorporará 5,000 efectivos mediante la compra de francos y vacaciones. Se implementará un servicio policial voluntario para labores administrativas, liberando a 10,000 agentes para patrullaje, y se asimilarán 1,500 licenciados de las Fuerzas Armadas que, tras capacitación, asumirán funciones policiales.
Inversión histórica en el sistema penitenciario y lucha contra la minería ilegal
El sistema penitenciario recibirá una inversión histórica de cerca de 800 millones de dólares, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estos fondos se destinarán a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, incluyendo Ancón III, con capacidad para albergar a más de 30,000 internos.
En la lucha contra la minería ilegal, Arana afirmó que la respuesta del Estado irá más allá de los operativos. Anunció la próxima aprobación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos y la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, lo que representará un cambio estructural. A partir de julio de 2025, se implementará el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para supervisar la trazabilidad de minerales, explosivos, insumos químicos y maquinaria.
Crecimiento económico, agricultura y desregulación
El Gabinete reiteró la meta de alcanzar un crecimiento económico del 4% para 2025, impulsado por la inversión privada y la aceleración de la inversión pública. Para este año, se prevé la adjudicación de 34 proyectos por más de 8,600 millones de dólares, incluyendo obras emblemáticas como la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 y el Parque Industrial de Ancón.
En el sector agrícola, el Ejecutivo busca ampliar la frontera agrícola en más de 400,000 hectáreas con proyectos de irrigación como Chavimochic III, Alto Piura, Chinecas y Majes Siguas. Estas iniciativas beneficiarían a más de 250,000 familias de pequeños agricultores, duplicarían las agroexportaciones y generarían más de 400,000 empleos formales directos.
Arana también anunció un shock desregulatorio acelerado para eliminar trabas burocráticas y simplificar trámites, con el objetivo de generar un entorno más eficiente para la inversión y la producción. Se estima que esta medida podría contribuir a un crecimiento adicional del PBI de entre 0.8% y 1% al cierre de 2025.
Lucha contra las drogas y visión de gestión
Para 2025, el Gobierno se ha fijado como meta la erradicación de 34,124 hectáreas de hoja de coca ilegal. Esta labor se complementará con el Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, que atenderá a más de 65,000 familias mediante el impulso de cultivos lícitos en 73,000 hectáreas, generando oportunidades económicas en las regiones más afectadas por el narcotráfico.
Al concluir su presentación, el jefe del Gabinete resumió los principales ejes de su gestión: «En este último año de gestión, nuestros mayores desafíos son luchar sin tregua contra la criminalidad organizada, impulsar con decisión el crecimiento económico y fortalecer con convicción la transición democrática, garantizando elecciones libres y transparentes. Entregando al próximo gobierno un país con mayor seguridad y encaminado hacia el desarrollo».
