Así lo afirma jueza suprema Elvia Barrios.
La jueza suprema y miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), Elvia Barrios Alvarado, reveló que el 93% de los casos de flagrancia delictiva que se resuelven en Perú culminan en sentencia durante la primera sesión del proceso inmediato. Esta importante estadística fue compartida durante su participación en el IV Congreso Internacional de Flagrancia, donde presentó la conferencia «Diagnóstico de las unidades de flagrancia y el impacto de la pena suspendida».
Barrios Alvarado detalló que, en lo que va del año, el sistema ha registrado 6,433 casos a nivel nacional, de los cuales 4,552 ya fueron resueltos, lo que representa un 87% de eficacia. Actualmente, existen 111 juzgados penales dedicados exclusivamente a manejar estos procesos por flagrancia.
La magistrada enfatizó el compromiso del Poder Judicial con este modelo, señalando que la delincuencia suele afectar a los sectores más vulnerables. «Hemos decidido darle impulso al proceso inmediato en los delitos de flagrancia», afirmó. Reconoció que Perú, al igual que otros países de América Latina, enfrenta una grave crisis de inseguridad ciudadana. Sin embargo, aseguró que «la flagrancia no será una solución residual», sino un cambio sustancial en la forma de abordar la justicia para delitos que no son menores.
Durante su exposición, la jueza también explicó el concepto de pena suspendida, que se aplica cuando la condena no excede los cinco años. En estos casos, el condenado no ingresa a prisión, sino que el juez impone reglas de conducta y trabajo comunitario.
Por su parte, el juez supremo José Neyra Flores, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, abordó la «Ley, doctrina y jurisprudencia en el proceso inmediato por flagrancia». El magistrado ofreció un repaso detallado de la evolución legislativa y jurisprudencial desde la implementación del proceso inmediato en 2006 hasta la reciente Ley 32130. Esta nueva norma, entre otras facultades, asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de realizar las diligencias preliminares.
Neyra Flores destacó la necesidad de evaluar el impacto de la Ley 32130, vigente desde hace ocho meses, y cómo ha influido en la comisión de delitos y los actos de investigación. Subrayó que, para que delitos graves como la extorsión y el crimen organizado puedan ser tratados bajo el modelo de flagrancia, se requiere una «maravillosa investigación preliminar», con abundante información y una estrategia sólida.
Para ello, recalcó la importancia de dotar de recursos a la Policía Nacional, incluyendo personal calificado y laboratorios adecuados, sin dejar de lado el apoyo al Poder Judicial y al Ministerio Público. El magistrado concluyó que la ciudadanía espera poder transitar con tranquilidad por las calles, y para eso es crucial fortalecer las capacidades de investigación policial en los procesos de flagrancia.
